La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha remitido la ejecutoria del caso Osasuna, o caso Vizcay, a los exfutbolistas del Betis, Antonio Amaya (ya retirado) y Xavi Torres (ha sido capitán del Lugo en la última temporada), que fueron condenados por corrupción deportiva después de recibir 650.000 euros de los directivos de Osasuna para que el cuadro bético ganara al Valladolid y se dejara perder en El Sadar en la última jornada de la temporada 2013-2014.

La Audiencia, una vez ha adquirido firmeza la resolución del Tribunal Supremo, ha comunicado a los exjugadores que tienen cinco días para formular posibles alegaciones que motiven su no ingreso en prisión. Es decir, al carecer de antecedentes penales y después de que su condena sea de diez meses de cárcel y, por tanto no supere los dos años, los exfutbolistas béticos pueden pedir la suspensión de la ejecución de esa pena de prisión. Igual ocurre en el caso de la inmobiliaria Cristina Valencia, que fue condenada a seis meses por falsedad en este mismo caso, y cuya pena tampoco conllevará que la cumpla en un centro penitenciario.

Pero además, en el caso de Amaya y Torres, se da la circunstancia de que el tribunal les comunica que tienen igualmente cinco días para hacer frente a la multa de 400.000 euros para cada uno de ellos a la que fueron condenados por el delito de corrupción deportiva. La Audiencia ha comunicado que disponen de ese plazo temporal para abonar dicha cantidad o presentar un plan de pago alternativo. Dicho dinero no es una indemnización, sino una multa que recaudará el Estado como consecuencia del delito cometido.

Por último, se les informa también a los dos deportistas que la sentencia de este caso adquirió firmeza el 26 de junio de 2023 y que, a partir de esa fecha, se debe computar la inhabilitación para el ejercicio del fútbol profesional que también viene impuesta en la condena. En el caso de Amaya no influye porque ya se retiró de la competición, pero Xavi Torres, que seguía en activo hasta este verano, está suspendido para jugar a fútbol profesional hasta el 20 de abril de 2025. A ambos se les condenó a 22 meses de inhabilitación para la práctica deportiva.