La comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre Pegasus continuó este martes la discusión del informe de recomendaciones ante los escándalos por el uso de programas de "spyware" en la Unión Europea, con un proyecto de texto que genera dudas entre algunos diputados por no distinguir entre hechos y opiniones.
Se trata del primer debate que ha celebrado esta comisión desde la publicación del borrador de informe el pasado 8 de noviembre, un texto que -aún pendiente de recibir enmiendas y votarse en su versión definitiva- avisa de que "no es posible establecer" la supuesta amenaza para la seguridad nacional que invoca el Gobierno español para justificar los casos de espionaje que ha reconocido a líderes independentistas.
El primer borrador genera dudas entre diputados españoles del PP, PSOE y Ciudadanos, entre otros, que lamentaron que recoja solo el relato catalán del espionaje a los líderes independentistas y criticaron que la redacción del informe hiciera inferencias que no se pueden dar por probadas.
Críticas similares han recuperado hoy socios europeos de PP y PSOE, como el diputado popular eslovaco Vladimír Bilcik, que ha reconocido que es "difícil" por "trabajar con fuentes limitadas" pero pidió dejar claro "qué es hipótesis y qué podemos establecer como hechos", así como evitar expresiones como "pudo haber pasado" o "algunos creen que".
"¿Qué nos dice esto sobre lo que realmente sucedió? Tenemos que mirarlo de manera detenida, hacer una comprobación de los hechos y delinear claramente los hechos, los descubrimientos a raíz de audiencias o entrevistas, y las conclusiones", pidió el diputado popular.
En la misma línea, la socialista griega Eva Kaili pidió asegurar que el tono final del informe esté "en línea con las competencias de esta comisión" y que, en un lenguaje claro, se transmita un mensaje nítido que no "se pierda en un análisis de la situación" y distinga entre "hechos, inferencias y asunción".
La eurodiputada encargada de redactar el informe, la liberal neerlandesa Sophie in 't Veld, afirmó que, aunque no todas las asunciones que realice el informe acaben siendo ciertas, sí que le provee con una "imagen bastante clara y completa de la situación".
"¿Tenemos lo suficiente para probar lo que ha sucedido, sin ningún género de duda, ante un tribunal? No. Faltan piezas del puzzle, pero hay más que suficiente material para ver claramente lo que está pasando y espero que con el tiempo recibamos lo que falta, preferiblemente de las propias autoridades", dijo in 't Veld, que no citó al Estado español entre los países que han respondido a las preguntas remitidas por esta comisión.
La neerlandesa consideró que la Unión Europea tiene que actuar ante las revelaciones de espionaje político de los últimos meses y aseguró que su deber al frente de la redacción del informe "no es atacar a un Gobierno, partido político o Estado miembro", sino de "proteger el Estado de derecho, que es más importante que cualquier partido o país".
De su lado se posicionó la alemana de los Verdes Hannah Neumann, que coincidió en que "si algún Gobierno se siente incómodo o injustamente representados por el borrador del informe", puede "venir aquí a dar su versión de los hechos".
"Hasta ahora, los Estados miembros no han cooperado. Mientras tanto, la sociedad civil y el periodismo de investigación han resultado ser, en retrospectiva, más correctos que las declaraciones de los Gobiernos", afirmó.
El voto en comisión del informe final de este texto y sus enmiendas se prevé para el próximo 26 de abril de 2023.
