Iñigo Urkullu recibió a este periódico el viernes después de que los Presupuestos superasen el pleno de las enmiendas a la totalidad, y en plena agitación en la organización sanitaria de Donostialdea. En puertas de que este jueves se cumplan diez años de la primera vez que juró el cargo, mira a los retos del futuro y propone pactos de país.

Sobre la negociación presupuestaria fallida y la relación con EH Bildu, el lehendakari de la CAV respondió que “a algún grupo no le ha gustado que se planteara como acuerdo de país. Uno pudiera pensar que el Gobierno vasco no está dispuesto al acuerdo, y no es así: la cuestión es que no ha habido acuerdo en el conjunto de las instituciones vascas porque estamos en tiempo preelectoral. La cuantía económica de las enmiendas del grupo mayoritario de la oposición supone el 3,15% del Presupuesto, y la reivindicación teórica es de 450 millones. No hay correspondencia. Todo esto obedece a un juego político”.

Repreguntado con la realidad de que en elecciones se va a estar durante los próximos dos años, Urkullu contestó que “a todos nos afecta pensar que el ejercicio presupuestario es un ejercicio anual. Lo que tenemos a debate son otras cuestiones que tienen una mirada más a medio y largo plazo, como el ámbito de la salud pública, la educación, la emancipación… Debería servir para que nos implicáramos más allá del Gobierno”.

Sobre si no hubiese estado cómodo en un pacto con el PP, respondió que “en absoluto” ya que el Ejecutivo de Vitoria no pone “vetos”. “No ha sido posible el acuerdo con el PP porque ha planteado una cuestión sine qua non, la rebaja de impuestos”. Tampoco ha tenido ningún encuentro personal con Feijóo: “Sí me ha avisado por mensaje cuando iba a venir a alguna conferencia a Euskadi”.

Impuestos

También fue preguntado por el impacto en las cuentas de la CAV de una encomienda que también asumirá Navarra: gestionar los impuestos a los beneficios extraordinarios de energéticas y el gravamen temporal a la banca.

Sobre si existe una estimación del impacto, Urkullu aseguró que “no”. “Todavía no hemos cuantificado el dinero que habría que acordar en la Comisión Mixta. Si hablamos de las tasas, tenemos que hablar de los beneficios extraordinarios, no los beneficios genéricos”.

También se posicionó sobre el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, y sobre si se aplicará en la CAV. “No es una cuestión de negociación. Aquí tenemos un Impuesto de Patrimonio que ha sido muy discutido por otras formaciones por la comparativa con otras comunidades. Es importante insistir ante el Gobierno español en que aquí tenemos nuestro propio régimen fiscal y nuestro propio impuesto, el Impuesto de Patrimonio. Ese es el planteamiento que hemos hecho llegar al Gobierno español”.

Existe una realidad previa, que es el Impuesto de Patrimonio, señaló el dirigente. “Claro. Tenemos ya una dinámica establecida con el Impuesto de Patrimonio, que creo que es, no diría más justo, pero sí equilibrado en la comparativa entre el Impuesto de Patrimonio y el Impuesto de las Grandes Fortunas”, respondió sobre el motivo de la disputa.

Lealtad y Sánchez

Urkullu fue preguntado sobre si le molestó que Sánchez negociara la participación vasca de las tasas con EH Bildu. Respondió que tiene “un concepto de lealtad en la relación institucional que quizás no se corresponde con la práctica de esa relación institucional por parte de otras personas. Creo que las cosas se deberían haber hecho de otra manera, cuando menos, en esta interpretación que el propio Gobierno español hacía en septiembre sobre que el PNV era el socio preferente”. “A los hechos nos hemos de remitir para interpretar su relación con el socio preferente o, incluso, con el Gobierno vasco”, remató.

Malversación y ‘sí es sí’

Uno de los temas de conversación de la política en todo el Estado tiene que ver con la reforma del delito de malversación. Urkullu se posicionó. “Por un principio ético, no me gustaría que pudiera ser un coladero para casos de corrupción. Pero estoy a la espera de lo que pudiera ser un acuerdo entre el Gobierno español o el PSOE y ERC, porque ha sido ERC la que ha planteado la modificación del Código Penal. Quiero esperar y ver cuáles serían las consecuencias”, aguardó.

“Este es un problema político que nunca debió haber sido judicializado. Considero que no cabría una interpretación de delitos cometidos. De la misma manera que se habla de la Ley del Solo sí es sí y la necesidad de la unificación de doctrina y modificación de la ley, en otros ámbitos cabría interpretar si no merecen la pena modificaciones más audaces que un planteamiento sobre la modificación del Código Penal en el delito de malversación de fondos, sin mezclarlo con casos de corrupción, y plantear como he planteado la revisión del artículo 155 de la Constitución. Hay realidades en la Unión Europea de constituciones que contemplan delitos que son mucho más aceptables que el artículo 155. Y el contexto invita a la propuesta que hice, una Directiva de Claridad europea no solo para procesos de independencia, sino integración”.

Otro tema es el sí es sí, y si el Gobierno debe revisar la ley vistos los resultados inmediatos. “Desde el propio Gobierno español, se están abriendo voces dispuestas a una modificación de la ley. Hay una consciencia de que la doctrina jurisprudencial, en lugar de estar protegiendo ese bien mayor del beneficio para la mujer, está posibilitando situaciones contradictorias, y eso quizás invita a esa revisión de la ley”, respondió.

Por último, y sobre la limitación de mandatos –cumple 10 años desde que juró el cargo por primera vez–, aseguró que él no es partidario. “Pienso en cumplir los objetivos y, si es posible, en la proyección de políticas al futuro. Si esas ideas son compartidas o no por el partido o si otras personas las van a desarrollar mejor, corresponde al partido y a una reflexión que abordaré cuando llegue el momento, pero no por limitación de mandatos.