Moncloa ha tenido que salir a precisar su respeto por la independencia judicial después de que dos de los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez hayan cuestionado abiertamente al juez Manuel García-Castellón por mantener que hay que investigar por terrorismo a Carles Puigdemont y a Marta Rovira por el caso de Tsunami Democràtic. En primer lugar ha sido la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien ha asegurado que las acciones del magistrado “tienen una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles”, mientras que el responsable del Ministerio de Transportes, Óscar Puente, ha añadido que “hay algunas cosas, sobre todo coincidencias temporales, que llaman un poquito la atención”. El PP ha salido en tromba contra estas manifestaciones que califica como de “extrema gravedad” al acusarse al juez de prevaricación y poner “voz a los que dicen que en España hay lawfare”, que es la visión que se tiene desde el independentismo por su modo de proceder. Por ello, el partido de Alberto Núñez Feijóo reprobará a Ribera en el Senado, donde cuenta con mayoría absoluta, y pedirá su comparecencia en el Congreso, pese a que desde fuentes del Gobierno quisieron matizar las apreciaciones de Ribera enarbolando dicho respeto al Poder Judicial y a la separación de poderes, y subrayando que el Ejecutivo español defenderá a los jueces ante cualquier injerencia, incluyendo “los intentos de hacerlo del PP”. Además, recuerdan que las decisiones de García-Castellón han sido recurridas por el fiscal por la calificación de los hechos como terrorismo, acusación que está pendiente de recurso ante la propia Audiencia Nacional.
“Yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se está pronunciando este juez, que como digo nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección”, ha censurado en TVE la vicepresidenta tercera, para quien “algunas personas” del Poder Judicial “tienen cierta querencia” a mostrarse “en un momento particularmente oportuno frente a lo que por lo demás suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio de ese Poder Judicial”. Cuestionada por si García-Castellón, que desoyó a la Fiscalía, se estaría dejando guiar por determinado criterio político, Ribera, que este fin de semana se incorpora a la cúpula del PSOE como vocal de la ejecutiva socialista, ha subrayado que “la hemeroteca muestra que siempre tiene mucho acierto en las fechas y en la sensibilidad de las fechas donde salen esas afirmaciones, pero es su tarea (...)”. “Yo creo que es capital entender que no solo importa el ejercicio del Poder Judicial, sino la forma y las motivaciones de su ejercicio y éste corresponde a todos los magistrados. La valoración de oportunidad de cuando salen esas informaciones también es relevante”, ha recalcado
La AN defiende al magistrado
En un auto, la Audiencia Nacional (AN) ha irrumpido para defender al juez al responder a la defensa de Josep Lluís Alay, que encabeza Gonzalo Boye, diciendo que son “absolutamente rechazables” las alegaciones sobre la existencia en sus resoluciones de “una pretendida motivación política” contra la amnistía. Desde el soberanismo, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, comparte la opinión de Ribera porque, a su entender, García-Castellón, tiene una “obsesión política con el fin de incriminar al independentismo”. La republicana ha denunciado “casualidades muy sospechosas” en su actuación ya que en un “contexto en el que se intenta resolver un conflicto político con política, no es casualidad que este juez quiera incriminar por terrorismo a unas personas que ejercieron sus derechos fundamentales”. Cree que las protestas de 2019 fueron “movilizaciones de mucha gente que protestaban contra una sentencia injusta, para nada terrorismo”. Es más, el president Pere Aragonès ve en él “una clara intencionalidad política y un alineamiento total con las tesis del PP y Vox”.
Todo ello ha acontecido además el día en que García Castellón ha imputado al exnúmero dos de Interior, Francisco Martínez, y al de la Policía, Eugenio Pino, por las supuestas presiones que sufrieron el extesorero del PP, Luis Bárcenas, y el que fue su abogado, Javier Gómez de Liaño, por parte de personas ligadas al partido conservador para que no se difundieran informaciones del caso Gürtel. Esquivando esta causa, desde el PP han arremetido con el Gobierno de coalición por insinuar que el magistrado prevarica. Su secretaria general, Cuca Gamarra, ha exigido de forma “tajante” a Sánchez y al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que desautoricen a la ministra por un discurso que, para Génova, forma parte del “pago” por permanecer en el poder. Miguel Tellado, portavoz parlamentario de los populares, ha tildado de “lamentable que el Gobierno de España asuma como propio el argumentario de Otegi y Puigdemont contra nuestro Estado de derecho”.
Tras el aluvión de críticas del PP, el socialista Puente ha evocado que solo hace unos días desde Génova se dijo que el Tribunal Constitucional “no es un órgano imparcial”. Además, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha replicado que el Gobierno guarda un “respeto inquebrantable” hacia la independencia judicial y que respetará las resoluciones del juez García-Castellón, como hace con todas. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha querido arropar a su compañera y, desde la “prudencia”, ha incidido en que “hay algunas resoluciones judiciales que parece que a veces coinciden en tiempos de relevancia política”.
