La tormenta por la investigación fiscal a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no amaina.

Una factura falsa por valor de 922.585 euros ha destapado un negocio fallido de Alberto González en Costa de Marfil. Según publica elDiario.es, González hizo de intermediario en la venta de vacunas. La operación consistía en vender dosis de AstraZeneca a 16,9 dólares (15,51 euros), cuando no costaban más de tres euros, lo que le dejaba a él y a su socio más de dos millones en comisiones. Para ello recurrió a la empresa con la que ya había ganado dos millones de euros en 2020 con la compraventa de mascarillas.

El Gobierno de Costa de Marfil frustró el acuerdo por el elevado precio de las dosis, pero González Amador intentó convencer a Hacienda de que el negocio le había provocado unos gastos que en realidad nunca tuvo. La factura de 922.585 euros forma parte de la ristra de documentos falsos que la pareja de la presidenta madrileña presentó ante la Agencia Tributaria para intentar pagar menos impuestos.

González y su socio ofertaron dos millones de dosis a Costa de Marfilpor 33,8 millones de dólares.

De ese precio había que restar 40 céntimos por dosis para gastos de logística. Y luego las comisiones: Alberto González fijó la suya en un 7,5%, más de 2,5 millones de dólares si se vendían al precio acordado inicialmente, de los que una parte tendrían que ir al mexicano Maximiliano Niederer por sus gestiones.

La operación se frustró por el precio de las vacunas, superiores al de otras empresas que se presentaron.

Aunque el trato no salió adelante, González presentó a Hacienda una factura de 922.585 euros de la sociedad Gayani LTD, del empresario mexicano Maximiliano Niederer. En teoría, corresponde a la parte de sus comisiones, pero como nunca se produjo la venta de las vacunas, González en realidad solo tuvo que pagarle 27.000 por diversos gastos.

La Agencia Tributaria concluye que no se trata de un error, sino que detecta un “patrón organizado” tendente a “evitar la tributación” que le correspondía en los ejercicios 2020 y 2021. Y para ello se sirvió de “facturas que se acreditan falsas o falseadas”.

Cruce de reproches

Mientras se siguen conociendo estas irregularidades, la propia Ayuso siguió poniendo en práctica la máxima de que la mejor defensa es un buen ataque, y consideró que el Gobierno de Sánchez actúa “a la desesperada” en su contra. Así, calificó de “chavista” y “gravísimo” que se estén “utilizando todas las herramientas y los poderes del Estado contra un particular para intentar hacer daño político a un adversario”.

El PSOE tampoco perdió comba y su portavoz, Esther Peña, volvió a reclamar ayer la “inmediata” dimisión de Ayuso, y también de su jefe de gabinete. – Diario de Noticias