Tres asociaciones judiciales y la totalidad de asociaciones fiscales han reclamado este viernes al Gobierno español que lleve "con urgencia" al Consejo de Ministros antes de las elecciones generales del 23J el acuerdo alcanzado en mayo en materia de retribuciones porque de lo contrario le llevarán a los tribunales por incumplimiento y adoptarán medidas de presión para asegurar que esos compromisos se atienden.
En un comunicado firmado por las asociaciones que alcanzaron dicho acuerdo retributivo, Francisco de Vitoria (AFJV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesionales e Independiente de Fiscales (APIF), se recuerda al Ejecutivo de Pedro Sánchez que ese acuerdo se firmó con la Secretaría de Estado de Función Pública y la Secretaría de Estado de Justicia, y que recogía por escrito que se obligaba a que el Consejo de Ministros aprobara su contenido. "Lo que no ha ocurrido hasta la fecha", lamentan.
Ahora, y con el adelanto electoral, entienden que la legislatura se acorta y esto "obliga a que el Gobierno de la nación atienda ese compromiso y lo haga con urgencia, para que sus previsiones tengan efectividad en las fechas pactadas".
Por eso reclaman que con urgencia el Gobierno español "atienda los acuerdos que alcanzó en el documento signado el 23 de mayo de 2023, y que lo haga antes de la celebración de las elecciones generales". "Lo contrario obligará a los firmantes no sólo a exigir ante los tribunales el cumplimiento de un acuerdo claramente vinculante, sino a adoptar las medidas de presión que sean necesarias para asegurar que se atienden los compromisos alcanzados para la mejora tanto de las condiciones profesionales de judicatura y fiscalía como de la administración de justicia", apostillan.
Acuerdo de mayo
Fue en mayo cuando todas las asociaciones de jueces y fiscales, salvo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) --la mayoritaria de los jueces--, llegaron a un acuerdo con los ministerios de Justicia y de Hacienda para evitar la huelga indefinida. Aceptaron así la oferta de 46,7 millones de euros, que se traduce en unos 450 euros más al mes que se aplicarán a toda la carrera.
Ese acuerdo se acabó firmando el 23 de mayo y el aumento salarial representaría un incremento medio sobre las retribuciones individuales de hasta el 7%, que se sumaría a la subida del 8% aprobada por el Gobierno español para los funcionarios públicos.
Los incrementos se abonarían en tres tramos: un 40% con carácter retroactivo a 1 de enero de 2023; un 40% que se devengará el 1 de enero de 2024; y un 20% que tendrá efectos económicos a 1 de julio de 2024.
Desde el Ministerio precisaron en un comunicado que el ofrecimiento incluía también la modificación de las leyes en tramitación para dotar a la presidencia de los tribunales de instancia y a los tribunales superiores de justicia de la "suficiente fortaleza como para hacer frente a los nuevos retos de la organización".
Respecto a la carrera fiscal, el Ministerio planteó "abordar con la mayor celeridad la tramitación de la conversión de plazas, el desdoblamiento de las fiscalías superiores en las comunidades autónomas uniprovinciales y la inclusión". Además, propuso que los integrantes de la Mesa de Retribuciones establecieran un "nuevo marco de relaciones, caracterizado por el diálogo continuado".
Asimismo, se comprometió a incrementar en 100 plazas la oferta de empleo público 2023 para jueces y fiscales, y "un incremento equivalente en la oferta correspondiente al año 2024".
Se da la circunstancia de que este mismo viernes los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) han enviado una carta al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la que también le instan a que dé cumplimiento al acuerdo que puso fin a la huelga en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones generales del próximo 23 de julio.
