"La posición del Estado español sigue siendo contraria a sus obligaciones con el euskera"

Las entidades por la normalización del euskera han destacado la falta de avances significativos; problemas en la justicia y en la administración; la falta de medidas eficaces en el ámbito socioeconómico, mediático y cultural; y desafíos en la educación. Por eso, han convocado una manifestación que partirá del Palacio Euskalduna de Bilbao el 4 de noviembre.

La secretaria general de Kontseilua, Idurre Eskisabel, ha explicado que, "aunque tenía que poner en marcha las medidas inmediatas que desde Europa se impusieron tras la quinta evaluación, se sigue reiteradamente sin cumplir dichas recomendaciones".

En ese sentido, ha recordado que lo más importante de los cambios a realizar es el ámbito de la justicia: "La posición del Estado español sigue siendo contraria a sus obligaciones".

"Como han advertido en numerosas ocasiones desde Europa, la ley orgánica del Poder Judicial choca con lo establecido en el artículo 9 de la carta, es decir, que se garantice que, a petición de una de las partes, que los procedimientos penales y civiles se puedan realizar en euskera, pero en ningún caso se garantiza que estos procedimientos puedan realizarse en euskera con todas las garantías y en igualdad de condiciones", ha señalado Eskisabel.

Según ha anunciado, "Behatokia y Kontseilua advertirán una vez más a la Comisión de Expertos que lo establecido en la normativa española afecta al derecho de la ciudadanía a utilizar la lengua local", ya que "el Gobierno de España se empeña en no cumplir lo relativo a la justicia y la legislación".

Además, ha denunciado lo que considera una "ofensiva" contra el euskera "que se da en todos los territorios en distintas medidas", en especial en el ámbito judicial.

"En el informe que vamos a remitir a Europa denunciaremos la retirada por parte del sistema judicial del Estado de determinadas medidas de fomento de los compromisos del pacto y exigirán una advertencia al respecto, recordando que estas decisiones judiciales son contrarias a un principio importante establecido en el artículo 7.2 de la carta", ha comentado.

Por su parte, Agurne Gaubeka, directora de Hizkuntz Eskubideen Behatokia, ha precisado que el informe desarrollado por el Gobierno central también desarrolla temas como la educación, la administración pública, los medios de comunicación o los realizados en los últimos años en el ámbito económico y social.

"En primer lugar, nos llama la atención que al analizar la aplicación de la Eurocarta, el Estado español no tiene en cuenta cuántos incumplimientos se dieron en años anteriores y no se indica claramente si se ha avanzado o no respecto a ellos. Además, no han planteado avances significativos, y algunas medidas han sido parciales y muy superficiales", ha señalado.

En cuanto a la Administración del Estado, ha señalado que apenas hay puestos de trabajo en Navarra y en la Comunidad Autónoma Vasca capaces de ofrecer servicios a la ciudadanía.

Según los datos del propio Gobierno, el conocimiento del euskera en las delegaciones de la Administración del Estado en la CAV se sitúa en torno al 11 % y en el caso de la Comunidad Foral en torno al 1 %. "Por tanto, hay incapacidades evidentes para garantizar los servicios en euskera a la ciudadanía", ha dicho.

En lo que respecta a la Administración Pública, en el propio informe se describe que, más allá de las plazas de profesorado, sólo un 3 % son plazas bilingües del Gobierno de Navarra, y que en algunos departamentos no hay ninguna, "lo que supone un importante obstáculo para que en el ámbito del euskera oficial se puedan cumplir las previsiones del Pacto".

"También queremos denunciar el incumplimiento del tratado en aquellos ámbitos en los que legalmente el euskera no es oficial en Navarra. A pesar del compromiso de adoptar medidas para fomentar el uso y aprendizaje del euskera en estos ámbitos, entre otras, se obstaculizan las nuevas aperturas de modelos D en educación y se continúa sin garantizar el derecho a estudiar en euskera en la universidad", ha señalado Gaubeka, mientras ha subrayado la necesidad de extender la oficialidad del euskera a todo el territorio en Navarra.

25 años de tratado

Las portavoces han recordado que en marzo de 2023 se cumplieron 25 años de la entrada en vigor del Tratado Europeo de las lenguas regionales o minoritarias.

El Tratado, que tiene como objetivo proteger y promover las lenguas minoritarias europeas y los 25 Estados que ratificaron la carta -España lo hizo en 2001- han de promover activamente el uso de estas lenguas en ámbitos como la educación, la justicia, la administración, los medios de comunicación, la cultura y el ámbito socioeconómico, entre otros.

De conformidad con el artículo 15 del Tratado, los Estados firmantes deben realizar evaluaciones periódicas para el Consejo de Europa sobre la aplicación de las recomendaciones del Tratado. En agosto, el Gobierno central remitió un informe explicativo de los pasos dados o medidas adoptadas en el periodo 2017-2021.

En esta sexta evaluación, los expertos del Consejo de Europa deberán realizar una valoración teniendo en cuenta el informe remitido por el Gobierno y las lecturas y recomendaciones realizadas por los agentes sociales de cada lengua.

De este modo, el Observatorio de Derechos Lingüísticos-Behatokia y Euskalgintzaren Kontseilua han elaborado un informe propio sobre la situación de Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca, que esta semana será remitido al Comité de Expertos Europeo, tanto de la valoración sobre el informe emitido por el Gobierno de España como de diferentes recomendaciones de las entidades Behatokia y Behatokia.