Víctimas de abusos en la Iglesia navarra, sobre todo en el colegio El Puy de Estella en los años 60, agrupadas en torno a la asociación AVA Asociación Víctimas Abusos, así como otras que engloban a víctimas de hechos similares en el Estado, como ANIR Asociación Nacional Infancia Robada y la Campaña Justice Initiative, se han concentrado este lunes por la mañana en las inmediaciones de la Conferencia Episcopal de España, en Madrid, en aras de la reivindicación de sus derechos como "víctimas y supervivientes de abusos y agresiones sexuales durante la infancia y adolescencia". Las asociaciones reclaman, y ya llevan años haciéndolo, "reconocimiento, reparación, indemnización y acompañamiento".

En coincidencia con la reunión plenaria de la jerarquía eclesiástica española que se celebra hoy y mañana en la sede de la calle Añastro, en donde se llevará a cabo un fin de ciclo con la elección de una nueva ejecutiva de la Conferencia Episcopal de España, las asociaciones quieren manifestar su "más absoluto rechazo a la actitud de pasividad que la jerarquía católica de este país muestra con sus víctimas, incapaces de, más allá de una genérica y repetitiva petición de perdón, refrendar con hechos concretos su presunta que no materializada empatía hacia nosotras y nosotros".

"Nos resulta inconcebible que los obispos españoles hayan contratado los servicios de un despacho de abogados, Cremades y Calvo Sotelo, para elaborar un informe sobre pederastia eclesiástica, con el pago de una millonaria cuantía de emolumentos profesionales y ese presunto informe que ha terminado siendo desacreditado por la propia Conferencia Episcopal. Nos resulta intolerable que, contratado ese servicio profesional, al mismo tiempo con total opacidad, la propia institución religiosa, haya elaborado otro informe del que dejaron caer más de trescientos casos registrados por diferentes diócesis de la geografía española", han manifestado.

Por tales motivos consideran "denunciable públicamente y además de todo lo ya referido, que por ejemplo y en lo que se refiere al Obispado de Bilbao, con treinta y cuatro casos atendidos y registrados, la Conferencia Episcopal solo haya incluido en su negligente informe un caso probado y lo que nos resulta más grave aún, un caso verosímil. ¿De verdad creen estos señores que resultan creíbles? ¿En verdad consideran que la sociedad civil no se da cuenta realmente de su falta de consideración con sus víctimas y supervivientes? ¿En serio piensan que actuando, como llevan haciendo desde tiempo atrás, como avestruces, pensando bien, como vulgares tahúres, pensando mal, las víctimas y supervivientes vamos a seguir tendiendo puentes?".

"Sus eternas y patéticas excusas, ninguneando, minimizando y hasta negando la existencia de estos terribles delitos de condición sexual, perpetrados contra niños y niñas en pleno proceso de forja de sus personalidades, y de sus horribles secuelas físicas y emocionales, han caído hace tiempo hasta la planta más baja del sótano de su impertinencia y su inacción", enfatizan.

Llegados a este punto, las víctimas recuerdan que "ha sido únicamente el esfuerzo colectivo de todas las víctimas y supervivientes el auténtico motor de esta lucha y de sus aún muy cortos avances, tanto a nivel canónico como civil. Nuestros colectivos siempre han reivindicado la existencia y los derechos a implementar de todas las víctimas y supervivientes de todos y cada uno de los ámbitos de nuestra sociedad. Familia, Deporte, Escuelas, Instituciones, y obviamente Iglesia. Pero resulta lamentable que desde la jerarquía se utilice ese pobre argumento para instaurar el legendario "consuelo de muchos…".

Las víctimas han repetido que no son fríos números. Que detrás de estadísticas gélidas, sus realidades tienes nombre y apellidos, seres humanos, mujeres y hombres, cuyas vidas, en muchos de los casos, siguen lastradas por los efectos interminables, aunque evolutivos, del efecto del shock postraumático generado a consecuencia de la comisión del delito.

El grupo de víctimas reivindica hoy "una actitud más allá de las simples repetitivas peticiones de perdón, inmediatez en la asunción de responsabilidades, colaboración en la prevención y provención de la pederastia con medidas concretas y no con cantos de sirena, ayudas en las terapias gratuitas y en la lucha contra la exclusión laboral y educativa, denuncia de oficio de todos los supuestos en los que las víctimas denunciantes, incluso mediando condenas en firme de la justicia ordinaria, siguen siendo objeto de amenazas y graves descalificaciones".