Estados Unidos: Martin Luther King Day

En 2012, la tasa nacional de participación electoral entre los ciudadanos negros superó a la de los blancos por primera vez en la historia de la república. Este hecho alarmó a ciertos sectores sociales y a un partido político, y ello ha dado lugar a dos fallos de la Corte Suprema que han depredado la protección jurídica del sufragio universal y han puesto en jaque décadas de progreso en este ámbito.

En 2013, la decisión de la Corte Suprema en el caso Shelby County vs. Holder tuvo un impacto significativo sobre la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act, VRA). La sección cinco de la ley exigía que ciertas jurisdicciones electorales con un notorio historial de supremacismo blanco, fundamentalmente en el profundo Sur, obtuvieran autorización previa del gobierno federal antes de realizar cambios en sus leyes y procedimientos electorales. Esta autorización previa tenía como objetivo garantizar que los cambios no afectaran los derechos de los votantes. Los resultados han sido magníficos: En Mississippi, la tasa de registro de votantes negros ha aumentado del 7% en 1965 al 76% en 2004. Aún lejos del 100%, pero más que en Minnesota (55%), Utah (55%) y Iowa (53%).

La Corte Suprema declaró inconstitucional la fórmula utilizada para determinar qué jurisdicciones estaban sujetas a autorización previa en la Sección 4(b) de la ley. El tribunal argumentó que la fórmula estaba desactualizada y ya no reflejaba las condiciones sociopolíticas actuales, lo que en la práctica supuso inhabilitar la aplicación de la Sección cinco hasta que el Congreso aprobara una nueva fórmula.

Prácticas discriminatorias

La consecuencia es que no existen ahora herramientas para prevenir prácticas electorales discriminatorias en ciertos estados.

El corolario de semejante fallo era predecible. Muchos de los distritos electorales anteriormente “cubiertos” se han lanzado a restringir el derecho al voto de las minorías étnicas y sociales simplemente porque el voto de estos sectores es aplastantemente azul. Las medidas más populares entre los legisladores republicanos han sido endurecer las normas sobre identificación electoral, reducir el número de urnas y limitar el acceso a la votación anticipada o por correo.

En Carolina del Norte, por ejemplo, los legisladores se apresuraron a imponer un estricto requisito de identificación de los votantes. La Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, una de las organizaciones de derechos civiles más antiguas de los Estados Unidos, presentó una demanda contra el requisito de identificación, porque la ley permitía “sólo aquellos tipos de identificación fotográfica que estaban desproporcionadamente en posesión de blancos y excluía aquellos que estaban desproporcionadamente en posesión de afroamericanos”. Un tribunal federal dictaminó que Carolina del Norte buscaba restringir el derecho al voto de los afroamericanos “con precisión quirúrgica” y la norma fue suspendida.

En Dakota del Norte, casi el 20% de los votantes nativos americanos que vivían en reservas no tenían una tarjeta de identificación en la que constara una dirección. A alguien se le ocurrió por tanto introducir una cláusula exigiendo que los ciudadanos presentaran una identificación con una dirección válida para poder votar en 2018. En respuesta, múltiples organizaciones por los derechos humanos se apresuraron a proveer a los votantes de los documentos requeridos, pero el daño está hecho: Tan solo cuatro años después de la decisión de 2013, los votantes pertenecientes a las minorías nativo americana, sudamericana y afroamericana tienen respectivamente entre dos, tres y cuatro veces más probabilidades que sus homólogos blancos de sufrir discriminación al intentar depositar su voto. En una palabra, los ciudadanos pertenecientes a estos grupos humanos tienen limitado el ejercicio de su derecho al voto y, por tanto, el conjunto de la ciudadanía ve sus derechos políticos seriamente mermados.

La privación del derecho al voto por delitos graves fue una de las herramientas más recurrentes para cercenar el derecho al sufragio a los ciudadanos afroamericanos durante la era de Jim Crow, entre 1870 y 1960.

Entre 1964 y 2013 todos aprendimos que, en democracia, todos los ciudadanos deben poder votar y participar en el proceso electoral, incluidos aquellos que han sido condenados por un tribunal de justicia. No obstante, a partir de 2013 se ha permitido que esta política discriminatoria rebrote y se expanda. En particular, la guerra contra el tráfico de droga ha vuelto a acelerar el arresto y encarcelamiento de personas negras, magnificando los efectos de la restricción del derecho al voto. Solo en 2016, 6,1 millones de ciudadanos, la mayoría afroamericanos, no pudieron emitir su voto por ser exconvictos.

Erradicar el racismo

Todo ello es el resultado de la incapacidad del Congreso para erradicar el racismo estructural. En conjunto, diversas políticas de restricción del voto han afectado a 9,5 millones de ciudadanos en 2016 y los estadounidenses “no blancos” continúan sufriendo exclusión, discriminación y explotación más de 150 años después de la abolición de la esclavitud y 60 años después de que Martin Luther King tuviera su sueño frente al Lincoln Memorial.

En 2018, la Corte Suprema sentenció en el caso Husted vs. A. Philip Randolph Institute posibilitando que los estados “expulsen” a ciudadanos elegibles de sus listas electorales (lo que se conoce como “purga”) simplemente porque decidieron no votar en algunas elecciones. El fallo confirmó la decisión de Ohio de purgar de sus listas a 846.000 votantes –desproporcionadamente negros– “por votar con poca frecuencia” durante un período de seis años. Una decisión completamente irracional del tribunal que ha abierto las puertas a cercenar los derechos políticos de millones de estadounidenses “no blancos”.

La enmienda 14 garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos. Pero en 2018, 150 años después de su ratificación, Trump amenazó con revocar la ciudadanía de aquellas personas con un padre indocumentado. En un intento histriónico por superar a Trump, Ron De Santis impulsó en 2019 un impuesto electoral que afecta desproporcionadamente a los residentes afroamericanos de Florida. La Enmienda 24 de la constitución –ratificada en 1964– prohibió la imposición de impuestos electorales para impedir o dificultar que los ciudadanos voten, pero De Santis busca desesperadamente “votos blancos”.

Nada sorprende ya. Trump procuró prohibir la entrada de musulmanes en la república, separar a los hijos de sus padres y colocarlos en jaulas a lo largo de la frontera con México y socavó el proceso de asilo a mujeres que huyen de violencia doméstica… Pero el problema es doble. Por un lado, todos debemos tener derecho a opinar y a votar, y toda medida que restrinja los derechos electorales de la ciudadanía es jurídicamente inapropiada. Pero, por otro, es aún más preocupante que uno de los dos partidos mayoritarios entienda que sólo puede ganar elecciones evitando que vote el pueblo. ¿Qué hay en el programa del Partido Republicano para que tengan miedo a que voten los ciudadanos negros? ¿Qué tipo de partido político quiere que solo algunos “blancos” voten?