Este mes se cumplen 11 años desde que ETA bajó la persiana. Su final llegó precedido de una clamorosa demanda social que la clase política acompañó con la promesa de que, sin armas, se abriría una etapa de diálogo en el que tendría cabida la defensa de cualquier proyecto que tuviera el imprescindible respaldo de las urnas.

Ni más ni menos eso es lo que ha hecho desde entonces la izquierda abertzale soberanista. Ya en su regreso a las instituciones vio premiada su contribución al final de la violencia con unos resultados electorales excelentes –obtuvo la alcaldía de Donostia, la Diputación de Gipuzkoa, siete escaños en Madrid...– y hoy es un agente político más para la inmensa mayoría de la sociedad.

Entre está mayoría no está Javier Esparza. En su huida hacia ninguna parte, el presidente de UPN ha renunciado a negociar los Presupuestos de Navarra para 2023 con el argumento de que con el Gobierno foral no tiene nada que hablar “si no rompe con Bildu”. Otra muestra más de la incoherencia de quien el pasado mes de febrero no puso sobre la mesa esta misma exigencia cuando negoció con el PSOE el apoyo a la reforma laboral, al constatar que los dos votos que UPN tenía en el Congreso parecían decisivos. La incoherencia en este caso le salió muy cara, ya que sus dos diputados se plantaron ante lo que consideraron un despropósito ideológico y aquello terminó con una importante crisis interna del regionalismo foral, tras las fulminantes expulsiones de Sayas y Adanero.

Nada ha mejorado desde entonces en las filas de la derecha regionalista, que sigue perdida en su propio laberinto. Prueba de ello es que a menos de ocho meses para las elecciones no ha resuelto ni con qué compañeros de viaje va a presentarse e incluso su vicepresidente y alcalde de Pamplona tampoco sabe si va a repetir.

Y en medio de estos vetos a fuerzas del arco parlamentario, muy lejos queda aquello que decía Miguel Sanz en 1998 de que Navarra “será generosa” si el proceso de paz se consolida. El entonces presidente del Gobierno añadía, solo cinco meses después del asesinato de Tomás Caballero, que “en la medida en que se consolide la tregua y podamos hablar de abandono definitivo de la violencia, se podrá hablar de otras cuestiones como la política penitenciaria y la reinserción”. 24 años después, el reloj de su sucesor Esparza sigue parado.