El Senado volverá a recordar hoy al Gobierno español su compromiso de facilitar la participación de las comunidades autónomas del Estado en los órganos del Consejo Europeo, cuya ausencia es una carencia impropia del modelo de Estado, que se esgrime como uno de los más descentralizados de la UE. En la práctica, ningún gobierno español ha movido un dedo para establecer mecanismos estables más allá del mero simbolismo de sumar esporádicamente a representantes en comisiones técnicas de rango menor.

Sin embargo, en el caso del Gobierno de Pedro Sánchez, este se encuentra atado por un compromiso explícito de investidura que le permitió sumar apoyos claves –el del PNV y también en el Senado el de Geroa Bai y posiblemente el de UPN y EH Bildu–, a su causa y no sería de recibo que la legislatura expire sin cumplir la palabra dada. Sánchez se encuentra inmerso en el reforzamiento de su imagen en el marco europeo ante la próxima presidencia del Consejo Europeo, que le corresponderá ejercer en la segunda mitad de este año. La participación en el Consejo y en sus reuniones ministeriales no es causa menor. Las políticas de cohesión se asientan en el consenso de representantes de máximo rango competencial, pero el Estado español deja fuera a las entidades con competencias legislativas específicas.

Sin ir más lejos, el español es un régimen fiscal con cinco Haciendas con capacidad recaudatoria y otros tantos gobiernos con competencia legislativa: las cuatro forales de Navarra, Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, además de la Agencia Tributaria de régimen común. El Ecofin, que reúne a los ministros del ramo es el lugar en el que deberían estar representadas y no suplantadas por el ministro de Hacienda. Alemania o Bélgica tienen mecanismos de participación directa de los länder y las regiones, que llegan a ejercer la representación del conjunto del Estado de forma delegada con el mismo valor que cuando el gobierno federal ejerce la de aquellas. Nadie se siente mermado en competencias ni reducido en su autoridad. Pero la obsesión por no restar protagonismo al Gobierno del Estado se impone en el caso de los sucesivos ejecutivos españoles, lo que redunda en una representación centralista que ni siquiera concuerda con el espiritu del texto constitucional y su vocación descentralizadora al ceder a las autonomías competencias en exclusiva.