El anuncio de la empresa Ferrovial –de facto, una multinacional– de trasladar su sede social a Países Bajos ha generado una tormenta, de tintes más políticos que económicos, a la que no ha sido ajeno el Gobierno español, que ha salido en tromba a afear la decisión bajo argumentos relativos a la falta de patriotismo o a que la firma “se lo debe todo a España”. La determinación tomada por Ferrovial tiene, sin duda, gran trascendencia y muestra que se ha alcanzado la tercera fase del proceso de deslocalización de empresas. La primera se produjo a la búsqueda de las materias primas en origen; la segunda, en pos de la reducción de costes de producción; y ahora llega la deslocalización con el objetivo, declarado o no, de maximizar el beneficio en términos de ahorro fiscal.

Con independencia de otros aspectos, el caso Ferrovial pone de actualidad una situación conocida y tolerada: la existencia de una competencia fiscal interna en la Unión Europea de la que son exponentes claros Irlanda y Países Bajos. En el caso de este último, se favorece además el rendimiento fiscal positivo alimentando exenciones en los dividendos a los accionistas y reduciendo hasta extremos de paraíso fiscal la responsabilidad de determinadas empresas premium. No cabe extremar el diagnóstico del fenómeno generalizándolo al conjunto del tejido empresarial.

Existen empresas que aportan al bienestar colectivo en forma de empleo y cotización fiscal de sus beneficios en correspondencia con el entorno favorecedor de su propio éxito empresarial que se ha construido con la estabilidad, las infraestructuras y el pacto socioeconómico que supone disponer de un marco legal favorable a su actividad. Devolver al conjunto de la sociedad su cooperación en forma de aportación fiscal es un principio básico del estado del bienestar, que no se puede sostener solo con las aportaciones de la ciudadanía particular. El riesgo de coger el rábano de ese debate por las hojas de esta polémica concreta es que resulta injusto para esas empresas propias y para las que puedan sentirse atraídas por los factores de competitividad que han convertido en proyectos de éxito a no pocas compañías vascas y españolas. Desactivar el cruce de reproches es el primer paso para recomponer un escenario de confianza y estabilidad que favorezca a administraciones, empresas y ciudadanía.