El análisis de la evolución del mercado laboral y de las pensiones en el Estado, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Seguridad Social, acredita una mejora significativa de las cuantías que perciben los pensionistas en la última década pero también un incremento tan importante de su número que tensiona la sostenibilidad del sistema público. El modelo actual sigue dependiendo tan severamente de las cotizaciones de trabajadores y empresas que la lectura de situación debe ser conjunta. En ese marco, el incremento medio de pensiones de un 38% en la última década contrasta con el 18% de los salarios. Las cotizaciones, aunque se han visto revisadas en varias ocasiones en ese tiempo como mecanismo para el fomento del empleo –bajándolas– o la sostenibilidad del sistema –elevándolas– están vinculadas a la cuantía salarial y ese diferencial de 20 puntos no lo compensa el aumento de cotizantes. Estos han pasado en el Estado de 19 a 20,6 millones en los últimos cinco años pero el crecimiento del número de pensionistas es muy superior y, solo en los últimos dos años, se han sumado 1,2 millones de perceptores. Aplicado es escenario a Navarra, Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, no es menos tenso. La Comunidad Autónoma del País Vasco lidera la cuantía de la pensión media y Navarra es la cuarta más elevada del Estado. No se puede afrontar el debate de las pensiones sin atender a un objetivo de justicia para sus perceptores, como no se puede obviar la necesidad de su sostenibilidad. La pirámide poblacional es inamovible y en las próximas décadas se tiene que afrontar un sistema público que garantice la justicia en las pensiones pero no puede quedar fiado en exclusiva a la recaudación por la actividad laboral, dado que el aumento de cotizantes se va a ver desbordado por el de perceptores. Más allá de la cosmética estadística, la reforma pendiente debe entender que cada tipo de pensión –contributivas y no contributivas, de jubilación o de invalidez, viudedad, etc– requerirá un tipo de financiación. Los presupuestos, entendidos como un todo de recursos disponibles, deben ser el sosten básico pero no se deben renunciar a fórmulas complementarias. Lo contrario amenaza con repartir a la baja los recursos disponibles o extraerlos de la capacidad de generar riqueza hasta consumirla.