El sonoro y sobreactuado “¡Déjennos en paz!” pronunciado el viernes por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, dirigido a la clase política en general delante del propio ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, pone de manifiesto la escalada del nivel de confrontación y choque institucional entre los poderes del Estado que se está produciendo en las últimas semanas.

Aunque la tensión ha ido en aumento desde que se conociera el acuerdo para aprobar una ley de amnistía y la inclusión del término lawfare –o guerra judicial– en el pacto entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, el detonante de la nueva y desaforada reacción del mundo judicial ha sido la aprobación de tres comisiones de investigación en el Congreso sobre algunos casos oscuros relacionados con Catalunya. Además, la intervención en la tribuna de la portavoz de Junts en la Cámara baja, Míriam Nogueras, que citó por su nombre a varios jueces –algunos de los cuales han intervenido en causas relacionadas con el procés– que, según dijo, “en un país normal serían cesados y juzgados de inmediato”, encendió aún más los ánimos. Al igual que otros magistrados y asociaciones judiciales, Guilarte advirtió especialmente contra la intención de que en el curso de las las indagaciones de las comisiones de investigación se llame a comparecer a algunos magistrados, como pretenden los partidos independentistas catalanes. “Iniciar esta vía implicaría un choque que se adivina brutal entre poderes del Estado”, avisó, y alertó: “Ningún juez puede ser emplazado por comisión alguna, en una sede extravagante, para justificar su proceder jurisdiccional”.

Es preciso recordar que el “extravagante” lugar al que se refiere es el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía popular. Es cierto que la ley ampara el rechazo de los jueces a comparecer ante estas instancias políticas en virtud de la separación de poderes que garantiza todo Estado de Derecho. Pero la advertencia de Guillarte se lanza incluso contra la mera citación a los magistrados por parte de estos órganos, lo que también puede interpretarse como una injerencia directa, con cierto tono amenazante, en la labor de otro poder del Estado, como es el legislativo. En lo que sí acierta Guilarte es en su exhortación: “Por favor, rebajen la tensión”. Por parte de todos, eso sí.