La Junta de Fiscales del Tribunal Supremo no ha escapado del clima general de confrontación que afecta a la Justicia tanto internamente como con el poder legislativo. La adscripción explícita de los miembros de la carrera judicial y fiscal a asociaciones profesionales abiertamente sensibilizadas políticamente no tendría mayor trascendencia si su acción profesional no se mostrara tan permeable, salpicando de parcialidad su interpretación de la realidad sociopolítica. Que la Junta de Fiscales, en una función consultiva y no resolutiva, interprete si debe o no instarse procedimiento judicial en atención a unos indicios es parte de su acción natural. El problema surge cuando se convierte en foro de confrontación de interpretaciones de naturaleza extrajudicial o, como sugiere el caso de la acusación de terrorismo contra Puigdemont, se empapa de la presión política y mediática. Más grave aún es la apariencia de que su estructura haya sido partícipe de una interpretación que cuestiona la independencia de criterio del fiscal ponente. Hechos que se han presentado con la voluntad de implantar en la opinión pública la sospecha de una decisión condicionada que pretende, a la postre, justificar que, contra el criterio del fiscal que entiende directamente del caso en la Audiencia Nacional y contra el del ponente del mismo ante la Junta, una mayoría de Fiscales de Sala aboguen por procesar al expresident. La posición mayoritaria se alimenta de la de los cuatro fiscales que pretendieron condenas por rebelión contra los acusados por los hechos del procés catalán. No lo lograron entonces pero ahora persiste el fondo de la argumentación, cuando menos peregrina, de una violencia organizada ejercida en los sucesos en torno al referéndum del 1 de octubre, que no fue admitida por el Tribunal Supremo para sostener el delito de rebelión pero sirvió para justificar las condenas por sedición con conceptos como “movilización tumultuaria” o “levantamiento” no armado. Las preconcepciones establecidas en sectores amplios de la profesión jurídica por razones ideológicas en torno al soberanismo, el nacionalismo periférico o el independentismo y su sistemática asociación con una voluntad violenta o incluso terrorista redundan en una duda constante sobre la plena independencia de su actuación, que es la peor forma de inseguridad jurídica.