Este miércoles 13 de marzo se cumplen también 20 años del asesinato del comerciante pamplonés Ángel Berrueta Legaz por tres disparos de un policía nacional tras una discusión con la mujer del agente por negarse a colocar en su tienda un cartel señalando a ETA como autora de la masacre yihadista del 11-M en Madrid.
Es una víctima colateral más de aquellos hechos, pero es la única víctima que dos décadas después no ha sido reconocida como tal. Una año después, la sentencia de la Audiencia Nacional condenó a 20 años de cárcel al policía nacional, Valeriano de la Peña, que fue quien disparó contra Ángel Berrueta, 15 años a Miguel, el hijo, responsable de la puñalada previa, y 10 a la madre, Pilar Rubio, por “proponer el crimen” a su marido y su hijo tras enfrentarse a Berrueta cuando éste retiró el cartel que ella misma colocó a la fuerza en la panadería apuntando la mentira de la autoría de ETA.
Fue la crónica de una agresión anunciada en la que a los autores se les fue la mano sin remordimiento inicial alguno. Matar a tiros a un proetarra, según la convicción de la familia De la Peña-Rubio sobre las ideas de Berrueta, era algo obvio, algo que la sociedad y los tribunales deberían justificar. Y se produjo, es importante no olvidarlo, cuando desde el Gobierno del PP se alimentaba con mentiras y falsedades y una amplia campaña de manipulación mediática e intoxicación social la teoría de que los atentados del 11-M habían sido obra de ETA y cuando desde diversas instancias políticas se había azuzado a cargar contra todo lo que se relacionara con el entramado de la banda terrorista.
Porque desde su punto de vista, Ángel Berrueta era como ser un terrorista y, por tanto, cabía la posibilidad de agredir a este comerciante con total impunidad. Hoy la situación es diferente, pero sigue siendo necesario que todos los agentes políticos dejen de crear un caldo de cultivo cruel que posibilite que se repitan crímenes como aquel. Encender la mecha del odio sólo conduce a la perversión de la sociedad.
"Hechos que jamás pueden volver a ocurrir"
Que hoy corran otros tiempos no quiere decir que haya que olvidar los asesinatos que se cometen con las ideas políticas como escudo. Toca a los gobiernos y a toda la clase política ser conscientes de que jamás pueden volver a ocurrir hechos como éste o como los que protagonizó ETA arrogándose una responsabilidad que no le correspondió nunca. La propia sentencia de 2005 concluye que no fue un crimen vecinal, sino la triste consecuencia de un clima social impulsado en el contexto de los atentados del día 11 de marzo en Madrid.
Reconocer a Ángel Berrueta como otra víctima de aquellos hechos pondrá fin a una injusticia política e institucional en el trato de las personas y familias que han sufrido el terrorismo, la persecución, las torturas y los malos tratos más allá de ETA. Un paso más de que se han ido dando desde entonces para dejar de considerar a unas víctimas de segunda categoría dependiendo de quien fuera su victimario. Y pese a que aún hoy las derechas –UPN, PP y Vox–, y algunas víctimas afines políticamente a ellos rompieron un año más la unidad en los actos de reconocimiento a las víctimas del 11-M, es un paso necesario, si lo que se pretende es construir una sociedad desde valores democráticos, en la que estén garantizadas la libertad individual y las libertades colectivas y en la que marquen el futuro conceptos como justicia, memoria, reconocimiento y reparación de todas las víctimas y de todo el sufrimiento.
