No puede ser más claro el informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en un annus horribilis (2023) al retratar un mundo descosido por todos los costados, en el que “gobiernos poderosos arrastran a la humanidad hacia una era carente de Estado de derecho de ámbito internacional y efectivo”. Muchos de los aliados que fueron los “artífices” del ordenamiento jurídico creado tras la Segunda Guerra Mundial (la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948) han roto las reglas del juego.

Hay ejemplos como la actual agresión de Rusia a Ucrania, el número creciente de conflictos armados o las violaciones masivas de derechos en países como Sudán, Etiopía y Myanmar... Un mundo cada vez más vulnerable e indefenso para la población civil donde los organismos internacionales y de mediación no tienen poder. Sin ir más lejos el Consejo de Seguridad de la ONU ha sido “incapaz de tomar medidas eficaces en los principales conflictos”. Y, como era de esperar, “Estados Unidos utilizó su derecho a veto para impedir en repetidas ocasiones que el Consejo pidiera un alto el fuego en Gaza”. “

Los crímenes de guerra continúan acumulándose mientras el Gobierno israelí se burla del Derecho Internacional en Gaza”, y Estados Unidos continúa “armando” a su aliado. La falta de medidas de la comunidad internacional para impedir que se “mate a miles de personas civiles” pone en evidencia que “las mismas instituciones establecidas para proteger a la población civil y hacer valer los Derechos Humanos no cumplen ya su función”. También hay rapapolvos para el Estado español con, dicen, un problema endémico: “la falta de rendición de cuentas del Estado por violaciones de derechos humanos”.

La falta de investigaciones sobre el uso del software espía Pegasus, el intento de cruzar la valla de Melilla en 2022 -que no se investigó en profundidad- o las muertes en residencias de mayores durante la pandemia o las limitaciones del derecho al asilo despiertan la preocupación de la organización que también incide en la falta de implementación de la Ley de Memoria Democrática. Aplaude avances legislativos como la Ley de Sí es Sí, la Ley de Vivienda o la Ley Trans pero “corren el peligro de quedarse en papel mojado si no se toman medidas para aplicarlas”, como ha ocurrido -señalan- con la Ley Trans en la Comunidad de Madrid.

Reconstruir la confianza en nuestro futuro parece una tarea compleja. Pero resulta difícil crear una narrativa positiva si no tratamos de tomar primero conciencia de lo que ocurre. Si creemos que organizaciones como AI no necesitan de nuestro apoyo (somos 10 millones de socios) para seguir denunciando las violaciones de derechos humanos y poder influir en gobiernos y organismos con sus investigaciones y denuncias. Vivimos mucho más interconectados pero a la vez sabemos que estamos más controlados que nunca por grandes poderes -más económicos que políticos-. Es necesario por tanto dar un paso adelante para ser más libres. No conformarse, denunciar y contrastar la información que llega.