Me alegra saber que Navarra va a blindar 4.000 pisos protegidos de alquiler para frenar a los fondos buitres. El Gobierno de Navarra ha hecho una propuesta de ley que debe aprobar el Parlamento. Justifica esta iniciativa para evitar la especulación y que dichos fondos obtengan grandes plusvalías. Parece lógico. Lo que no entiendo es por qué en otros ámbitos esto se permite y hasta, me atrevería a decir, se facilita. Hablo de las plazas concertadas en residencias y centros de discapacidad. ¿Por qué aquí nadie se cuestiona la entrada de grandes empresas que tienen detrás fondos buitres? ¿Acaso se espera que los grandes grupos de inversión operen diferente y aquí no busquen rentabilidad? ¿O es que las personas mayores o con discapacidad nos importan menos? ¿De verdad podemos como sociedad mirar para otro lado? 

Si en cuestiones de vivienda se ha podido legislar para blindar estos pisos, seguramente que también se pueden habilitar mecanismos para que estos macrogrupos no gestionen plazas residenciales públicas. Es cuestión de voluntad.