El Gobierno de Navarra ha dado luz verde este miércoles a una proposición de Ley Foral que, en caso de aprobarse por el Parlamento de Navarra, permitirá mantener, incrementar y reformar el sistema público de alquiler. La iniciativa pretende blindar las 4.000 viviendas protegidas de alquiler que hay en Navarra en manos de promotores privados, para mantener la titularidad pública de aquellas promociones que finalicen su periodo de calificación, estipulado en 15 o 20 años, con el objetivo de ahuyentar a los fondos buitre que busquen especular con ellas y obtener grandes plusvalías.
La proposición de Ley Foral, suscrita por los grupos parlamentarios del PSN, Geroa Bai y Podemos Ahal Dugu Navarra, conlleva una modificación de la Ley Foral 10/2010 del Derecho a la Vivienda, que pretende proteger a las personas inquilinas de esos edificios, a la par que se incrementa y refuerza el parque público de vivienda protegida para el arrendamiento.
A propuesta del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, el Ejecutivo estima “positivamente” la propuesta que dotaría de herramientas legales a la Comunidad Foral para mantener la titularidad pública de las promociones de vivienda pública en régimen de alquiler que finalizan su período de calificación.
Escasez de vivienda
En este sentido, fuentes del Gobierno de Navarra indican que la proposición legislativa nace de un contexto de mercado en el que escasea la oferta de vivienda en arrendamiento protegido; a esto se suma el volumen de viviendas privadas de arrendamiento protegido que pierden cada año su régimen de protección, lo que hace insuficiente el esfuerzo promotor de la administración para satisfacer la demanda. “La reforma legal permitiría la vinculación de las promociones que finalizan el plazo de protección, de forma voluntaria por sus propietarios, o bien la adquisición de estas por el Gobierno de Navarra”, explican las mismas fuentes.
De este modo, los fondos buitre que hacen negocio con estas promociones protegidas de alquiler, al adquirirlas de forma previa a su descalificación, con plazos que oscilan entre los 15 y los 20 años de su creación, verán desincentivada su adquisición, ya que el Gobierno de Navarra tendrá derecho preferente de adquisición en el momento en el que la vivienda deje de estar en régimen protegido de alquiler, siempre a un precio tasado, por debajo del mercado libre.
El pasado mes de julio se aprobó una primera modificación de la Ley Foral del Derecho a la Vivienda, que establecía el carácter indefinido de la vivienda protegida. Es decir, en sus ventas posteriores las viviendas de protección deberán ajustarse al precio oficial del módulo. Esta modificación afecta a todas las promociones de viviendas iniciadas desde la aprobación de la Ley.
