Se disponen a hacer con la orden foral de comedores escolares lo que ya hicieron con la de jornadas escolares.

Se llenan la boca con los mecanismos de “transparencia y participación”, pero los utilizan para hacer propaganda y tratar de dar una pátina de legitimidad democrática a normativas impuestas sin ningún consenso. Este gobierno supuestamente progresista intenta vendernos la moto aprovechando la democracia de baja intensidad que padecemos.

Veamos el contexto actual. Aunque el Gobierno de Navarra esté formado por tres fuerzas políticas y requiera el apoyo parlamentario de una cuarta, Carlos Gimeno va por libre y tiene patente de corso para conducir la política educativa a su antojo; la sumisión del resto de fuerzas políticas es patética. El señor Manuel Martín, en cambio, fue nombrado presidente del Consejo Escolar de Navarra a dedo por el consejero.

Conviene aclarar que el Consejo Escolar de Navarra es un órgano meramente consultivo y su principal función es la de emitir informes y dictámenes sobre temas y normativas que afectan a la educación navarra.

De un total de 36 componentes del pleno, 7 representan al Departamento de Educación, 10 a colegios privados y patronales, solamente 9 a la escuela pública, y las otras 10 son personas de presunto reconocido prestigio, representantes políticos, entidades que trabajan por la diversidad o de la Federación de Municipios y Concejos de Navarra.

Dichas personas deciden últimamente sobre regulaciones que afectan únicamente a la educación pública navarra como la jornada escolar o los comedores, cuando a la amplia mayoría de ellas no les afecta la normativa, ya que las escuelas privadas deciden mediante sus órganos rectores si las aplican o no. Con chiringuitos pseudorepresentativos de este tipo y con este funcionamiento es imposible avanzar en una educación pública de calidad, nunca les interesará.

Es también de máxima gravedad que de esas 36 personas, el número habitual de participantes en cada sesión venga siendo de 18-20 componentes y puedan adoptar decisiones sin tener establecido un mínimo quórum.

En cuanto a la jornada escolar, estas personas han decidido por los y las trabajadoras de la educación pública navarra, nos han impuesto mayorías cualificadas de un 60% del censo a las familias, y han dejado sin voz ni voto al claustro docente. Ahora se disponen a perpetuar la gestión de los comedores escolares en manos de empresas privadas de catering (con la precariedad que ello supone para las cuidadoras y personal de cocina), dejar la gestión de la mayoría de comedores en manos de madres y padres voluntariosas o del propio centro sin recurso personal ninguno, y no dar ningún paso por unos comedores públicos más educativos, ecológicos, de temporada y con producto local.

Las políticas de privatización no se pueden seguir maquillando con propaganda y transparencia que se pasan por el arco del triunfo.

*STEILAS sindikatua