El Congreso de los Diputados –y Diputadas– ha aprobado el uso de las lenguas propias de España diferentes al castellano, es decir, del euskera, el catalán, el gallego o el valenciano en la denominada Cámara Baja. Ello ha generado toda una cascada de reacciones absolutamente carentes tanto de moderación como de rigor por parte de muchos responsables públicos de la derecha y la extrema derecha, así como muchos creadores de opinión.

Las posiciones a favor o en contra sobre este u otro asunto son legítimos, por supuesto. Es más, en democracia es sano y necesario el contraste de posición y opinión siempre que se haga con un mínimo de respeto y rigor. Cosa que en ocasiones no viene ocurriendo.

El uso de todas las lenguas propias de España, además de la común a toda la ciudadanía española (el castellano), debiera ser aceptado con sana normalidad como una demostración del orgullo de nuestra pluralidad como país y como sociedad. La España real es la España plural, alejada de visiones uniformadoras y esencialistas que se escuchan muchas veces en los extremos del tablero. Y como suele ocurrir con otros muchos debates en política y en la vida, son las posiciones en el extremo las que más tienden a escucharse. Aunque eso no quiera decir que con las que representan la mayoría social.

Llama la atención que el PP y sus socios habituales en la derecha y extrema derecha se rasguen las vestiduras por esta circunstancia. Llama la atención porque en el Senado, el uso de otras lenguas propias de España distintas del castellano es un hecho normal y que progresivamente ha ido ganando espacios tanto en pleno como en comisiones de la denominada Cámara Alta. Por impulso, cierto es, de mayorías progresistas y liderazgos en el Senado del PSOE, pero también bajo el amparo y promoción del PP cuando ha tenido la mayoría y la presidencia en el Senado, como es le caso de la actual legislatura que acaba de comenzar.

Esta postura moderada, racional y me atrevo a decir que plenamente constitucional del PP en el Senado es una posición inteligente, propia de un partido de centro derecha moderno, democrático y que siente y se ve reflejado en la realidad social y lingüística del país al que pertenece. Y estoy seguro que es la posición, si no de la mayoría, de una parte muy importante de la dirigencia del PP, incluido quizás su todavía presidente nacional.

Decía que en democracia son necesarios los contrastes de opiniones constructivos sobre cualquier asunto. También en este. Es más, se puede estar a favor de habilitar y facilitar el uso de todas las lenguas propias de España en el Congreso y en el Senado –como es el caso del que suscribe este artículo– y a su vez optar por el uso prioritario del castellano en dichos foros. Lo que no es admisible es la secuencia de exageración y ridiculización que estamos escuchando en algunos responsables públicos de la derecha y creadores de opinión.

Hay ciertamente una parte importante, aunque minoritaria como se pudo ver el pasado 23 de julio, de la sociedad española que sólo atiende a una única realidad uniforme y representativa de lo que representa nuestro país. No sólo en cuestiones lingüísticas, sino también en términos sociales, territoriales o de gobernanza de España. Una pulsión centralista y conservadora que no sólo no se ve reflejada en la realidad social sino ni siquiera en la realidad institucional que articuló y articula nuestra Constitución, de clara vocación federalizante como traje a medida de nuestra pluralidad.

La España real es la España plural. Un país abierto moderno, abierto, solidario y progresista. Que se enorgullece de su pluralidad y ve en esta no un incordio o estorbo, sino una de sus fortalezas para destacar y seguir construyendo una nación cada día más cohesionada en todos sus términos. Este es uno de los mandatos que quedó claro el pasado 23 de julio por parte de la ciudadanía y que estamos dispuestas y dispuestos a llevarlo a cabo.

Avancemos, pues, en medidas que no sólo reconozcan sino que fomenten y articulen la realidad plural de nuestro país. Con esta medida en términos lingüísticos, pero también con otras que desde el avance en derechos y libertades, nos permitan seguir construyendo un lugar mejor para vivir.

Es nuestra tarea y nuestra responsabilidad.

El autor es senador por Navarra PSN-PSOE