Cuidar a las personas que lo necesitan es una de las funciones elementales de cualquier estado social, como el nuestro. Hacerlo, además, con garantías, de forma universal y ágil son tres cualidades que diferencian a los gobiernos y las sociedades que tienen sentido de sociedad.

La importancia de las políticas que atienden a las personas dependientes es creciente. Sin duda el envejecimiento, y por lo tanto el aumento de las personas dependientes, nos exige ubicar este tema en el centro de la preocupación institucional. Hoy en Navarra hay 18.000 personas con algún grado de dependencia, y se calcula que en los próximos 15 años esa cifra aumentará de forma considerable a raíz del mayor envejecimiento de la población.

Ante ello creemos que Navarra no se está adelantando a un problema que irá a más. De las 76 residencias existentes, un número muy pequeño son de propiedad y de gestión pública. La gran mayoría de las residencias las gestionan entidades privadas, muchas de ellas empresas cuyo objetivo principal es aumentar sus beneficios económicos.

Por lo tanto, en Navarra hay un evidente desequilibrio entre el peso de lo público y lo privado precisamente en un ámbito, el de la dependencia, que debería estar a salvo de las lógicas empresariales. Muchos responsables públicos suelen afirmar que el de los cuidados es un tema prioritario, pero ¿asumiríamos con normalidad que el 72% de la sanidad o la educación fuera privada? Necesitamos más plazas en residencias y necesitamos que éstas sean públicas. Sin embargo la tendencia es la contraria, cada vez los conciertos van a más y el peso de lo público en este ámbito se va debilitando a favor de proyectos empresariales que hacen negocio con los cuidados.

Por otro lado, tal y como denuncia CCOO anualmente, la brecha de género aumenta y afecta a muchos aspectos. Detrás de ello, en muchas ocasiones, está la gestión de los cuidados. Siete de cada diez personas que cuidan a familiares son mujeres. Y la gran mayoría de trabajadoras, tanto en el SAD como en las residencias, también son mujeres. Este es un ámbito laboral feminizado protagonizado por la alta precariedad y los bajos salarios.

Por ello es urgente firmar ya el primer convenio de residencias, paralizado desde hace tres años y que corregiría algunos aspectos negativos de la situación laboral existente actualmente. Son 4.500 personas las que trabajan en las residencias y sus condiciones laborales son pésimas. Como hemos dicho, a la alta precariedad y los bajos salarios se suman unos altos niveles de enfermedades profesionales.

En este caso las condiciones de trabajo precarias son un factor de riesgo evidente. Existen riesgos ergonómicos para las trabajadoras, y en ocasiones una organización del trabajo deficiente (ritmos y cargas de trabajo excesivos, turnos y nocturnidad, jornadas prolongadas, descansos insuficientes, violencia ejercida por personas usuarias o familiares, etcéteras).

Más residencias y servicios públicos y mejores condiciones laborales son cuestiones centrales para mejorar la consideración social hacia los cuidados. Tenemos que mejorar el equilibrio entre lo público y privado para dar mejor servicio a las personas dependientes, pero también para que éste no sea un derecho secundario en el que dejamos que el ánimo de lucro marque el futuro.

Es el Estado de Bienestar, y las instituciones, quienes tienen que proveer de servicios de calidad a la gente, preferiblemente desde el ámbito de lo público. Lo privado ni es más barato ni es más eficaz. Al contrario; la factura social que pagaremos en el futuro sino logramos revertir esta situación, como ya está ocurriendo en la comunidad de Madrid, será evidente.

Apostar por la corresponsabilidad de los cuidados, mejorar la vida de las personas dependientes, construir una red pública de servicios, y cuidar a quien cuida son los pilares para un sistema social que cada vez necesitaremos más.

Los autores son: Javier Ordóñez, secretario general de la Federación de Pensionistas de CCOO; Victoria Astráin, secretaria general de la Federación de Sanidad; Joseba Eceolaza, secretario de Políticas Sociales y Públicas; David Marcalain, secretario general de la FSC e Izaskun Martín, delegada de CCOO en El Vergel.