Las 265 cámaras de seguridad se han erigido como un instrumento eficaz para detener a delincuentes y aportar pruebas en un juicio para que los agresores no queden impunes.

Sin embargo, pese al mayor control y mejores medios, la delincuencia alcanzó cifras récord en 2022: 6.306 denuncias registradas por Policía Municipal, un 23,55% más que el año pasado.

Los robos con violencia o intimidación crecieron un 38,99%, los delitos contra las personas aumentaron un 19,13% y los delitos de libertad sexual se incrementaron un 16,98%. 

Goya reconoce que los datos del año pasado no fueron buenos, pero defiende que la policía, si cuenta con recursos, cumple. Pone como ejemplo que en 2022 se resolvieron más casos que nunca 2.221 de 6.306, el 35,22%. En 2021, se esclarecieron el 27,63% de los delitos.

La Vuelta del Castillo

Para mejorar las estadísticas, Goya apuesta por la implantación de más cámaras y la iluminación de zonas oscuras. El jefe de Policía Municipal defiende que estas “dos herramientas frenan la delincuencia” y destaca la bajada de los robos con violencia y agresiones en la Vuelta del Castillo, donde se instalaron siete cámaras a final de año.

“Cada fin de semana, sí o sí, teníamos agresiones físicas y peleas con arma blanca. Desde que se han implantado las luces y el sistema de cámaras, no hemos vuelto a tener ningún robo con violencia. La zona ha cambiado de la noche a la mañana”, detalla Goya. Los incidentes, ahonda, se han trasladado al Bosquecillo y la Taconera.

“Los delincuentes buscan sitios donde no existen estas medidas disuasorias. La persona que quiere cometer un delito no se va a atrever en una zona iluminada y delante de una cámara porque sabe que le vamos a pillar”. 

Sin embargo, algunos colectivos, sobre todo del Casco Viejo, se han posicionado en contra de la instalación de estas cámaras. “Son una herramienta de control social”, critican. El año pasado, el Ayuntamiento de Pamplona colocó 22 nuevas cámaras en las calles del Casco Antiguo. 

Goya niega que atenten contra la intimidad de las personas ni que se utilicen para controlar a la ciudadanía. “Hay una normativa que regula cómo tenemos que utilizar las cámaras. Por ejemplo, no podemos enfocar a una vivienda o a una zona interior de un local privado. Las cámaras nunca atentan contra la intimidad”, defiende.

Además, en la Policía Municipal existe un protocolo que especifica qué agentes pueden acceder al Centro de Coordinación y ver las grabaciones. “Solo unas personas concretas tienen autorización. Los trabajadores del CECOP y los grupos de policía judicial”, señala Goya. Las grabaciones, subraya el jefe de Policía Municipal, no se pueden descargar y se eliminan a los 25 días si hay un proceso judicial en marcha. “Si las imágenes no se utilizan en un atestado policial, desaparecen, no se archivan”.