El Congreso ha aprobado este jueves, por amplia mayoría, la ley que endurecerá y reforzará los controles sobre la compra de sustancias químicas que, a pesar de que puedan ser legales como pesticidas, fertilizantes o desinfectantes, pueden emplearse también para fabricar explosivos caseros.
La ley ha recibido este jueves el último aval de su tramitación -190 votos a favor, 51 en contra y 103 abstenciones- tras analizarse en la comisión de Interior e incorporar como principal novedad que las policías autonómicas tengan competencias en sus territorios en la inspección de sustancias químicas, hasta ahora tarea exclusiva de la Guardia Civil.
Ha sido este cambio pactado entre PNV, PSOE, PdCat y ERC el que ha centrado el debate en el pleno, donde PP, Vox Ciudadanos se han mostrado muy críticos con el traspaso de competencias a Mossos d'Esquadra y Ertzaintza en detrimento de la Guardia Civil.
Tanto Pablo Juan Calvo, de Vox, como Ana Vázquez, del PP, han considerado que este cambio, del que han culpado al PSOE, es una nueva cesión a ERC. "Solo nos queda conocer el coste", han lamentado ambos diputados.
De hecho, fuentes del PP han indicado a Efe que presentarán una enmienda en el Senado para que el texto que finalmente sea aprobado no incluya ese traspaso de competencias a las policías autonómicas.
Se aumenta la cooperación
Frente a ellos, la diputada de ERC, María Carvalho, ha tildado de "gran logro" que las policías autonómicas participen en el control de estas sustancias y la del PSOE, Zaida Cantero, ha ido más allá al acusar "a la derecha de mentir como siempre", porque no se retiran competencias a las fuerzas de seguridad del Estado sino que se aumenta la cooperación, algo en lo que los profesionales "están de acuerdo".
"Esta ley es tremendamente sencilla y todos deberíamos estar de acuerdo como se estuvo en 2017 con la anterior norma", ha incidido Cantero antes de recriminar al PP su apoyo cuando se habla de coordinación con cuerpos policiales extranjeros y su absoluto rechazo cuando se trata de Mossos y Ertzaintza.
Con la aprobación definitiva de esta ley de precursores explosivos se deroga la de 2017 que no incluía las disposiciones del reglamento europeo de 2019 sobre esta materia incorporadas por la UE tras los atentados de París, Bruselas, Londres y Manchester, donde de usaron explosivos caseros.
La futura norma mantendrá en términos similares la distinción entre dos clases de precursores de explosivos: los "restringidos", cuya adquisición por un particular por encima de ciertos niveles de concentración sigue exigiendo una licencia previa, y los "notificables", que pueden ser adquiridos sin licencia pero cuya compra está sujeta a controles sobre quienes los comercializan y sobre quienes los adquieren.
Limitar el acceso de los particulares
El objetivo del proyecto de ley es limitar el acceso de los particulares a los precursores de explosivos, sean personas físicas o jurídicas que actúan a través de representante. En cualquier caso estarán obligadas a obtener una licencia previa para adquirir precursores de explosivos "restringidos".
No precisarán licencia los usuarios profesionales, aunque si quieren adquirir precursores de explosivos (ya sean restringidos o no) para fines relacionados con su actividad deberán demostrar su condición.
Aquellos colectivos que compran estas sustancias para ponerlos a disposición de particulares, usuarios profesionales u otros operadores deberán comunicar cada operación al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior.
Por último, se mantiene en términos similares a la normativa actual la obligación de comunicar al CITCO las sustracciones, las desapariciones y las transacciones sospechosas, pero el plazo de comunicación se ha reducido de 48 a 24 horas.
