La legislatura española va a llegar a su final sin que se produzca la reforma del Centro Nacional de Inteligencia que anunció Pedro Sánchez, una reforma que esgrimió el año pasado para aplacar los ánimos de los soberanistas catalanes tras el escándalo del espionaje con el programa Pegasus. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, presentó el martes el Plan Anual Normativo del Gobierno español para 2023, que incluye las leyes y decretos que prevé aprobar este año. Una revisión más detallada de sus 70 páginas permite constatar que no aparece la reforma del control judicial previo del CNI. Esto supone que el Gobierno español no tiene intención de llevar la iniciativa presentando una propuesta de su cosecha aunque Sánchez la anunció el año pasado, e incluso el PSOE rechazó una proposición de ley del PNV con el argumento de que lo deseable es que la iniciativa emane del Gobierno y no de los partidos.

En otras ocasiones tampoco han aparecido en este plan otras reformas como la derogación del delito de sedición, y finalmente se han encauzado por otra vía, a través de los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos como proposición de ley. Pero es un método que permite prescindir de informes y suele utilizarse cuando es un asunto de especial urgencia para el Gobierno español. Pero esta vía la descartó el PSOE para el CNI. El 13 de diciembre, el PNV defendió su propia proposición de ley, pero el PSOE votó en contra con el argumento de que “lo deseable es un texto que emanara del poder ejecutivo” con sus correspondientes informes jurídicos para que la norma tuviera mayor rigor “técnico”. “El Gobierno está trabajando en esta línea”, llegó a decir Zaida Cantera en una sesión cuyos vídeos siguen disponibles en la web del Congreso. Finalmente, no aparece en el plan.

El presidente Sánchez había anunciado el 26 de mayo en el Congreso dos reformas: “Les anuncio dos iniciativas legislativas que vamos a emprender para modernizar el marco regulatorio de los servicios de inteligencia de nuestro país. En primer lugar, el Gobierno va a aprobar una nueva Ley de Información Clasificada, que va a sustituir a la vigente que fue aprobada en 1968, durante la dictadura. En segundo lugar, les anuncio que el Gobierno reformará la Ley Orgánica Reguladora del Control Judicial del CNI en la línea de las recomendaciones del Defensor del Pueblo”.

El PSOE votó en contra de la reforma del PNV de la Ley reguladora del CNI y de la Ley del Control Judicial Previo. El PNV quería añadir controles más allá de la autorización judicial previa que tienen que pedir los servicios de espionaje, y que termina siendo una barra libre porque no se hace seguimiento de la tarea de los servicios secretos. El PNV pretendía hacer un seguimiento de los medios empleados y su proporcionalidad, le añadía también un control político para que la jefatura del CNI la designe el presidente y no un ministro, y que sean tres magistrados del Tribunal Supremo y no uno quienes den la autorización.

3 leyes orgánicas, 33 ordinarias y 81 decretos

La Ley de Información Clasificada, la reforma de los secretos oficiales, sí aparece en el documento del Gobierno. El plan incluye 3 leyes orgánicas, 33 ordinarias y 81 reales decretos. No podrá aprobarlas todas, pero es una declaración de prioridades. Vuelven a aparecer las propuestas sobre la cohesión de los servicios sociales y la sanidad que tienen en guardia al PNV porque inciden en competencias autonómicas.