La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) ha recurrido ante el Supremo el traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico de la Administración del Estado a Navarra, solicitando al Alto Tribunal una suspensión cautelar de la norma que lo acordó. Considerar que “no se ha seguido el procedimiento preceptivo” porque materializar la transferencia “requeriría la modificación del Amejoramiento del Fuero, necesitando, en síntesis, la mayoría absoluta de las Cortes, bien mediante procedimiento de ratificación, bien mediante específica ley orgánica”.
La asociación profesional hace suyo el argumento del PP, defendido por Jaime Ignacio del Burgo, según el cual, en la Lorafna (Ley Orgánica de Amejoramiento del Fuero) no está recogida la competencia exclusiva de Tráfico. Por lo que el traspaso debía haber pasado tanto por el Parlamento foral como por el Congreso. Sin embargo se ha llevado a cabo mediante un acuerdo bilateral entre administraciones, como el resto de traspasos competenciales.
La jurisprudencia del Supremo
El argumento del PP, asumido ahora por la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, choca sin embargo con la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ya en una sentencia de 2018 reconocía expresamente la competencia histórica de Navarra en lo que se refiere a Tráfico y Seguridad Vial. Según el Supremo, la redacción de la Lorafna, ambigua en este punto, debe interpretarse “no de forma restrictiva, sino en coherencia con el propósito consagrado en la Lorafna”. Lo que implica “una contemplación de los derechos históricos que se trata de reintegrar y mejorar no meramente literal de las normas preconstitucionales, sino acorde con las competencias históricas”.
En ese sentido, el Supremo reitera que esa cláusula, la referente a “las competencias que actualmente ostenta”, “ha de valorarse no desde el prisma formalista de la última legalidad estatal preconstitucional adoptada, en contra de la tradición histórica y la filosofía del régimen foral”, sino “como referida a las funciones reales que la Diputación Foral seguía asumiendo y correspondían conforme a su ininterrumpida tradición”. “Debe valorarse en atención a la realidad de las facultades, competencias y funciones que las instituciones navarras y quienes las servían habían ostentado históricamente y seguían asumiendo y defendiendo al tiempo de la aprobación de la norma estatutaria”, subraya el Alto Tribunal.
Sin embargo la asociación profesional solicita ahora en su recurso la suspensión cautelar del real decreto, alegando que “iniciar y ejecutar ahora una transferencia de competencias en exclusividad que en un futuro hubiese que revocar, debido a una sentencia estimatoria, provocaría un perjuicio de graves consecuencias” para el servicio público y para los intereses de guardias civiles y policías forales”.
Los argumentos de los guardias civiles: "Motivos políticos"
“Lamentamos que, una vez más, después del alto precio que ha pagado la Guardia Civil y quienes la integran (junto a sus familias) por defender el sistema constitucional y democrático, se la utilice como moneda de cambio, de pago político, en aras al valor que representa su presencia como parte de la estructura del Estado en todo el territorio español”, dice ahora la UO.
Por su parte, JUCIL, la asociación mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil, también ha anunciado que ha presentado un recurso ante la sala de lo Contencioso-Administrativo al entender que para hacer efectiva la transferencia “habría que modificar de forma previa el estatuto de autonomía de Navarra”.
En un comunicado, recuerda que el traspaso afecta a 220 guardias civiles que componen la Agrupación de Tráfico en esta comunidad, ya que las tareas de control de la circulación rodada pasan a la Policía Foral, recordando que ahora deberán ser “reubicados en otros servicios en el territorio navarra o desplazarse a otras comunidades”.
“La precipitación con la que se ha querido llevar a cabo la transferencia, por motivos claramente políticos, era incompatible con los tiempos y trámites parlamentarios necesarios, por lo que se ha optado por utilizar una fórmula que está prevista para la materialización del traspaso de competencias que ya han sido previamente asumidas, lo que no es el caso”, ha señalado Agustín Leal, secretario de Comunicación de JUCIL.
Hasta que el Alto Tribunal decida sobre el recurso de nulidad, JUCIL ha reclamado que se proceda a la suspensión cautelar de la aplicación “a la vista de los graves e irreparables perjuicios” tanto para los guardias civiles afectados como a sus familias, así como para la Administración estatal y autonómica.
