Una representación de Médicos del Mundo Navarra ha denunciado en el Parlamento foral la vulneración de derechos a las mujeres en situación de prostitución por el no reconocimiento efectivo de su situación como víctimas de violencia y la falta de recursos especializados que contemplen sus especificidades en la atención.
Han trasladado estas conclusiones María Alexandra Réquiz, María Flamarique y Maite Sánchez durante su exposición en una sesión de trabajo a petición de Na+, PSN, Geroa Bai, Podemos Ahal Dugu e IE para exponer un informe elaborado por esta entidad sobre las vulneraciones de derechos humanos de las mujeres en situación de prostitución producidas en Navarra
La Ley Foral contra la violencia hacia las mujeres, ha recordado Flamarique, incluye desde el año 2018 la prostitución como forma de violencia machista teniendo las mujeres en esta situación “derecho a todo el catálogo de servicios y recursos de la red de atención y la recuperación que recoge esta ley” pero la realidad, ha denunciado, es que “hay una brecha entre el reconocimiento formal y el acceso real y efectivo” a estos derechos.
Desde la entidad han instado a que se forme a los trabajadores públicos en materia de prostitución ya que han detectado que falta una intervención específica destinada a la atención de este colectivo con profesionales cualificados, una carencia que, han referido, hace que en numerosas ocasiones no se les reconozca como titulares de derechos.
Además, ha denunciado Réquiz, tanto en atención sanitaria como social “no hay una estrategia de detección, actuación y derivación específica para mujeres en situación de prostitución” y se les engloba dentro del colectivo de mujeres víctimas de violencia “sin hacer caso a esta especificidad”, lo que hace que queden invisibilizadas y no se atienda sus necesidades concretas.
En atención sanitaria, ha expuesto Sánchez, son “incluidas en los protocolos de actuación ante casos de violencia contra las mujeres” como el resto de la población existiendo dificultades como la situación administrativa irregular que “dificulta bastante el reconocimiento”, el desconocimiento del idioma o el certificado de no exportación del derecho emitido por su país de origen.
Además, ha señalado, en Salud Mental “optan en mayor medida por la prescripción de psicofármacos en detrimento de la terapia”, lo que provoca “un desajuste” entre la cobertura y sus necesidades de atención terapéutica real.
Han detectado también una invisibilización de este colectivo dentro de las campañas institucionales contra la violencia de género donde “es difícil” encontrar referencias a esta realidad, ha asegurado Réquiz, quien ha animado a la Administración a realizar campañas de prevención y sensibilización que incidan en la prostitución como una forma de violencia.
Han reconocido la existencia de recursos residenciales específicos para mujeres en situación de prostitución, si bien han considerado que las siete plazas actuales son insuficientes y han criticado que en el caso de mujeres con necesidades añadidas como discapacidad o drogodependencias no se adaptan a su necesidades y suelen ser derivadas a otras comunidades autónomas
Sánchez ha expuesto que “la situación administrativa irregular es la principal barrera de acceso al mercado laboral” contando además con otros problemas como cargas familiares, falta de conciliación, desconocimiento del idioma o problemas de salud mental que “dificultan muchísimo que puedan acceder a un trabajo digno” y una “ausencia de alternativas reales y viables de empleo”.
La Renta Garantizada “es una ayuda muy importante” a la que “en general acceden” aunque las personas de origen extranjero se encuentran en muchas ocasiones con la barrera del empadronamiento, ha comentado Sánchez, quien ha asegurado que además se topan con profesionales que no consideran la prostitución como violencia y no inician el procedimiento abreviado.
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