El Gobierno de Navarra deberá adaptar algunos aspectos de la normativa foral de 2019 a la Ley estatal de protección de animales de compañía, y pese a reconocer que la modificación ganaría en seguridad y tino si se esperar al desarrollo reglamentario de la segunda, apuesta por "no esperar si se dilata mucho en el tiempo".

"Por lo tanto, vamos a hacer nuestra tarea" pero en contacto con el ministerio, ha dicho el consejero de desarrollo Rural, José María Aierdi, quien ha explicado en el Parlamento foral las diferencias entre ambas leyes tras la reciente entrada en vigor de la estatal.

Ha apuntado como posibles modificaciones necesarias en Navarra las relativas a la vacunación de la rabia en gatos y hurones; la identificación de los hurones con aptitud de caza; la frecuencia de la vacunación antirrábica en perros; la revisión veterinaria anual; o la potestad sancionadora de los ayuntamientos.

El consejero ha repasado algunas de las diferencias entre ambas leyes, se ha remontado a la aprobación de la foral en 2019, que sustituyó a la de 1994, sin ningún voto en contra (UPN y PP se abstuvieron) y a su desarrollo reglamentario en 2022 "tratando de buscar un amplio consenso", de forma que hoy "Navarra es la única Comunidad del Estado con una ley y un reglamento en la materia".

La entrada en vigor de la ley estatal el pasado mes de septiembre llega después de que en la Constitución española no haya alusión a la protección de animales, por lo que las Comunidades autónomas han ido desarrollando sus normas en virtud de sus competencias en materias tan dispares como las sanitarias, medioambientales, espectáculos o ganadería.

Ahora el Estado asume competencias exclusivas en normativa básica, como la creación consejo estatal, un sistema central de registros, un plan estatal de protección animal, o formación para propietarios y obligatoriedad de que cuente con un seguro de responsabilidad civil, entre otros aspectos, que incluyen aspectos relacionados con la venta, y también con las sanciones, con "un incremento sensible de las cuantías en la Ley estatal, que serán de aplicación" en Navarra.

Además, ha pedido la "colaboración" entre las entidades locales y el Gobierno, ha dicho Aierdi para escuchar en el turno de los grupos que en general han coincidido en la idoneidad de esperar a la reglamentación estatal para desarrollar la navarra, y en pedir la defensa de las competencias forales en este terreno.

Así, Miguel Bujanda (UPN) ha defendido la Ley foral como "mucho mejor" que la estatal y ha agradecido la compilación hoy expuesta, al tiempo que ha alertado de que hay "inquietud" en los Ayuntamientos porque "lo que tienen que cumplir es en muchos casos inalcanzable".

Para el socialista Carlos Mena "lo importante es que el espíritu de las dos leyes es el mismo y que ambas están acompasadas", de forma que "quitando algunas cosas, no se contradicen sino que son complementarias", mientras que Pabo Azcona (Geroa Bai) ha aludido al "consenso social" ante la ley navarra.

Por el PPN, Javier García ha reiterado las cuestiones que ya en 2019 provocaron su abstención y "se están materializando", como la cantidad de competencias que se derivaban a las administraciones locales, "hoy desbordadas", mientras que Emilio Jiménez (Vox) ha advertido de que esta necesidad de adecuación "confirma la selva jurídica en la que está sumida España, con 17 comunidades legislando. Lo paga el ciudadano porque no sabe a qué ley atenerse", ha zanjado.