“No es que mi situación sea inaceptable, no es por mi situación personal”, asegura Ana Sada Urabayen, pero “que vayas a un servicio muy importante, que afecta a personas tan vulnerables, y que tarde año y medio en hacer una valoración de discapacidad me parece inaceptable”.
Esta vecina de Ansoáin de 52 años, que tiene párkinson y una discapacidad, en 2022 comenzó también a sufrir distonías –contracciones musculares muy dolorosas–. “Cuando me levanto por la mañana tengo problemas de movilidad porque hasta que no me hace efecto la medicación se me tuerce el pie izquierdo, me cuesta andar, moverme... Entonces, decidí que había llegado el momento de quitar la bañera, poner una ducha y, de paso, acabar con las barreras arquitectónicas y dejarlo preparado con espacio suficiente por si en un futuro –que, como aclara, no lo contempla– acabase en una silla de ruedas”.
Así, acudió a la oficina comarcal de rehabilitación (ORVE) en Burlada. “Me comentaron que había una serie de ayudas en función de la renta y, si tienes más de un 40% de discapacidad reconocida y problemas de movilidad, te pueden dar una subvención de hasta un 50%”, explica Ana, que tiene un 36% de discapacidad. “Me habían hecho la valoración hacía más de dos años y a los dos años te pueden revisar si ha habido un empeoramiento, como es mi caso y tengo informes que así lo avalan”, detalla.
Cuando acudió a Servicios Sociales, el pasado mes de junio, le avisaron de que “había una demora de 6 meses”. Por ello, cuando contactó con una constructora acordaron retrasar la obra al menos ese tiempo porque, aunque no sabía cómo le iban a valorar, “era una posibilidad que, desde luego, no descartaba” y más teniendo en cuenta que tampoco dispone de “una boyante economía”, relata.
“Solicité la licencia de obra, las ayudas a rehabilitación y la revisión de la valoración, pensando que en esos seis meses ya tendría el resultado, que podría ser favorable o no, pero al menos intentarlo”, afirma. En octubre volvió a llamar por teléfono para conocer cómo estaba el tema y “me comentaron que la lista de espera era de año y medio”, invitándole a poner una queja o acudir a la prensa.
Ana presentó una reclamación al Gobierno de Navarra explicando su situación. Le informaron de que la valoración tendrá la fecha en que se solicitó, pero desde la oficina de rehabilitación “no me aseguraban que me iban a dar la ayuda si en ese momento no tenía esa evaluación”. Además, desde Derechos Sociales le contestaron que “los casos de rehabilitación no se están adelantando”, señala la afectada, que cree que “otros casos más flagrantes, de dependencia y otras situaciones, sí” se priorizan.
“Me apaño, pero cada vez me va apremiando más el tener una ducha más que una bañera”
Ejecutará la obra en marzo
Por todo ello, habló con la constructora para “retrasar la obra lo máximo posible, jugando con que también el tema de la licencia de obras y la rehabilitación tiene su caducidad –junio de este año–, y quedamos en hacerlo en marzo”. Este mes de enero ha llamado de nuevo recibiendo la misma repuesta, si bien ahora le han calculado que recibirá la citación hacia agosto.
Tras reconocer que se apaña pero que “cada vez me va apremiando más el tener una ducha más que una bañera”, Ana dice con resignación que hará la obra en marzo e intentará buscar una solución en la oficina de rehabilitación: “Si no tengo derecho a esta ayuda lo asumo, como otras muchas cosas. Lo importante es que esto se sepa y que se subsane, que se ponga al día y que en organismos que son tan importantes en el día a día de personas que tenemos enfermedades y discapacidades no vuelva a suceder”.
En este sentido, considera que “el origen de la cuestión puede ser puntual, pero en el momento que ves una situación así la tienes que arreglar en la medida que puedas. No puede ser que una lista de espera de 6 meses de repente se te convierta en año y medio; es una barbaridad. Las cosas se pueden hacer de otra manera”. Y es que, como lamenta, la población asume, cada vez más, las largas esperas en los servicios públicos.
