El grupo de autodeterminación del Parlamento Europeo planteó este martes un marco jurídico europeo que proteja los derechos de los ciudadanos de territorios comunitarios que emprendan un proceso de autodeterminación consensuado con su Estado miembro, así como para que las instituciones europeas medien si hay conflictos en estos procesos.
Se trata de una propuesta para una regulación europea que "asegure la no discriminación por motivos de nacionalidad en relación a la ciudadanía europea en casos del ejercicio democrático del derecho a la autodeterminación", elaborada por expertos en Derecho y encargada por eurodiputados, entre ellos representantes del PNV, Bildu, ERC y el BNG.
Los eurodiputados que presentaron la propuesta en rueda de prensa insistieron en que los procesos de autodeterminación en la Unión Europea "no son únicamente procesos internos" de los Estados miembros, sino que afectan también al entramado institucional comunitario, ya que se genera "un riesgo para la protección igualitaria de los derechos de los ciudadanos".
La coordinadora del grupo de expertos, la directora asociada del Centro de Derecho Constitucional de Edimburgo Elisenda Casanas, aseguró que la propuesta no requiere una reforma de los tratados y disputó que se solape con competencias sobre las que los Estados miembros han sido tradicionalmente celosos al referirse a sus ordenamientos internos.
El texto, apuntó, "reconoce que la primera respuesta" (ante un proceso de autodeterminación) "tiene que venir de los Estados miembros".
"Los procesos de autodeterminación subestatales (...) tienen una dimensión europea cuando se quieren separar del Estado miembro y permanecer en la UE; en la legislación europea hay un vacío cuando esto sucede (...) y se crea un riesgo para la protección igualitaria de los derechos de los ciudadanos", dijo Casanas.
Entre las propuestas que recoge el texto figura una garantía para los ciudadanos de estos territorios, o los europeos residentes en ellos, de que sus derechos y libertades como ciudadanos comunitarios se mantendrán mientras las instituciones comunitarias evalúan la posibilidad de adhesión de la nueva entidad estatal creada.
También proponen que la Unión Europea se convierta en un observador neutral de los procesos de autodeterminación, que contribuya como mediador independiente en caso de un conflicto o que actúe cuando el Estado miembro o territorio independentista "esté en riesgo de violar los valores europeos" en el marco de la autodeterminación.
"Como ya hemos visto con Escocia y Catalunya, son conflictos europeos porque ponen en juegos derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía europea. Son cuestiones políticas que requieren soluciones políticas, (...) el Estado de derecho y sus principios básicos se resienten cuando se intenta responder con respuestas penales", aseguró la eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao.
También Jordi Solé (ERC) se mostró convencido de que las "demandas (de autodeterminación) deben ser escuchadas" y "la negociación debe ser posible en un marco de ciertos principios y garantías" donde, insistió, "la UE tiene un papel que jugar".
Solé incidió en que el marco que se cree debe "incluir la garantía" de que durante el proceso "se respeten el pluralismo, diversidad o la prohibición de uso ilegitimo de la violencia y abusos de poder", entre otros principios.
El objetivo de la propuesta, recalcaron los dos eurodiputados, es que el texto se pueda presentar a miembros de la Comisión y el Consejo, incluyendo la actual presidencia española, y "fomentar el debate" sobre esta cuestión.
"Queremos tratar de cambiar la mirada y voluntad política de la UE y sus Estados miembros, hacer un debate con más profundidad y que se pierda el miedo al debate democrático", incidió Bilbao.
