El Defensor del Pueblo de Navarra ha recibido hasta el momento 79 expedientes de quejas relacionados con situaciones derivadas de la pandemia del Covid-19, las más recientes relacionadas con la imposibilidad de hacer la declaración de la renta de manera presencial.

Así lo ha explicado en comisión el defensor de Pueblo, Javier Enériz, que ha indicado que son quejas muchas de ellas "ya oídas" y algunas que ya se han solucionado como la posibilidad para que los menores salgan a la calle, el acceso a los huertos o la posibilidad de utilizar todo el término municipal y no sólo la propia localidad.

También ha habido quejas por la imposibilidad de visitar a mayores en residencias o porque no se ha dado traslado del centro al hospital en situaciones graves, de docentes preocupados por su reincorporación a los colegios "sin las debidas garantías", de personas que se habían quedado atrapadas en otros países sin poder regresar a Navarra, personas a las que se le ha denegado la realización de test, por problemas de hacinamiento en vivienda, por "abusos policiales" o por el juego online que "se ha disparado" durante el confinamiento.

Enériz, que ha comparecido para presentar el informe del Defensor del Pueblo del 2019, ha explicado que el año pasado los ámbitos que más quejas acumularon fueron Función Pública, Educación, Derechos Sociales y acceso al empleo público, respectivamente.

La institución realizó el año pasado 2.400 actuaciones, lo que representa un 10% más respecto al año anterior. Se presentaron 1.138 quejas, 1.625 consultas, 14 actuaciones de oficio, 775 investigaciones y se dictaron 348 resoluciones. Asimismo, se dirigieron a esta institución 6.683 personas frente a las 8.000 del año anterior. Además, realizó actuaciones relacionadas con el derecho de huelga en Huerta de Peralta, por la inspección en el Palacio Marqués de Rozalejo y por las quejas presentadas en euskera ante el Defensor.

En el caso de la función pública, gran parte de las quejas están relacionadas con las peticiones de retribuciones de empleados públicos sobre complementos, ayudas familiares o dietas. También sobre el pago de los meses de verano en Educación y por los permisos de paternidad ya que, ha explicado, mientras que en el Estado se puede fraccionar en Navarra no se permite.

En Educación, la mayorías de las quejas están relacionadas con las instalaciones escolares. Otras se deben a la denegación de la admisión en el colegio que se ha solicitado, a la falta de profesorado, a la implantación de la jornada escolar o porque "no se facilitaba" el horario del programa Skolae en un centro público.

La mayor parte de las quejas en Bienestar social se centran en los menores: en los puntos de encuentro, el ingreso en centros de acogida, la fuga de estos centros, además de la "disconformidad" por un centro de menores extranjeros en Satrústegui.

También hay quejas por extinción, retraso o disconformidad con la renta garantizada, por barreras arquitectónicas o por problemas por el transporte a los centros de día, las tarifas o por no poder visitar a un familiar, en el caso de los mayores. Enériz ha destacado que el Departamento de Derechos Sociales está planteando modificar la ley para permitir el acogimiento familiar entre hermanos, algo que en estos momentos no se contempla.

En violencia de género se dan quejas porque "no estaban aseguradas las medidas judiciales impuestas" o por la petición para que se puedan usar perros de protección para víctimas de violencia de género.

Se han registrado cuatro quejas por la denegación de la ayuda de emergencia social cuando se termina el derecho a la renta básica. Javier Enériz ha señalado que estas quejas "ponen de manifiesto la mala situación económica de la gente que, por uno u otro requisito", no pueden acceder a estas prestaciones.

Las quejas por el acceso al empleo público se centran, por un lado, en que el llamamiento para la contratación temporal se realiza por teléfono, de manera que "si no coges ese día te vuela ese puesto de trabajo". También hay quejas por la "discriminación, en uno y otro sentido", ya sea dirigida a personas con discapacidad o víctimas de violencia de género.

Las relacionadas con Hacienda se deben en su mayoría a la eliminación de reducciones o deducciones. En este ámbito, el Defensor a sugerido que a la hora de devolver el dinero destinado a la inversión para la compra de vivienda, no se cobren los intereses.

También se dan quejas por multas de tráfico, por ruidos, falta de vivienda en régimen de alquiler y de emergencia habitacional, por listas de espera en sanidad, por mujeres solteras a las que se ha denegado la fecundación in vitro o por la valoración del euskera en procesos de selección.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

El portavoz de Navarra Suma, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha destacado que Educación "es de nuevo el que más quejas acumula" ya que, a pesar de estar en la segunda posición, también hay quejas de Función Pública que se centran en este ámbito. Algo que revela, ha asegurado, que es "el departamento más problemático" así como la administración "que menos colabora y la que más quejas desatiende". Igualmente, ha apuntado que Hacienda "va a adquiriendo peso en las quejas" por las "subidas injustas de las cargas impositivas a los contribuyentes navarros".

Por su parte, la socialista Inma Jurío ha contestado a Sánchez de Muniáin que las quejas al Defensor del Pueblo a lo largo de los años "independientemente de quién este en el Gobierno, van en el mismo sentido". Así, ha indicado que en el informe de 2013, con UPN en el Ejecutivo, Educación también era la segunda en número de quejas. Por otro lado, ha incidido que "nuestra vida se ha visto colapsada" debido a la crisis del Covid-19 y "seguramente van a ser otros los problemas de la ciudadanía" en el informe del año que viene.

La representante de Geroa Bai María Solana ha subrayado que Educación "es seguramente uno de los departamentos que más relación directa tiene con la ciudadanía y más afectan sus decisiones, lo que hace que las quejas aumenten también". Solana ha valorado la labor del Defensor que "pone de manifiesto esa distancia que existe entre administración y la ciudadanía", su "falta de flexibilidad a la hora de reconocer errores y subsanarlos" y es "un detector infalible de normas que han quedado obsoletas y necesitan urgentemente una modificación".

Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha señalado que el informe "refleja un mosaico de reclamaciones" y ha destacado que la ciudadanía muchas veces ve al Defensor como "una puerta por la que entrar en última instancia antes de ir a los tribunales". Araiz ha opinado que la institución "ha tenido en los últimos años una impronta personal" debido a los años que lleva Enériz en el cargo y ha lamentado que "somos incapaces" de solucionar la situación de interinidad del Defensor del Pueblo.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha destacado la actuación de oficio de la institución en relación a los menores no acompañados. En este sentido, ha puesto en valor el sistema de acogimiento, si bien ha indicado que "parece que hay un problema en el tema de la documentación" ya que, cuando llega el momento de la regularización de estas personas, "los datos nos dicen que cero".

Finalmente, Marisa de Simón, de I-E, ha agradecido a Enériz su trabajo "en interinidad" porque "en este Parlamento no hemos sido capaces de tener una propuesta". Sobre el informe, ha opinado que "el número no indica qué aspectos de la administración son más o menos eficientes necesariamente" y ha afirmado que hay una "mayoría silenciosa que no ha acudido al Defensor que también hay que tener en cuenta". En este sentido, ha resaltado la "labor formativa e informativa" de la institución a la ciudadanía "sobre sus derechos y obligaciones".