El consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, anunció ayer ante los diferentes grupos parlamentarios que el Registro de Viviendas Deshabitadas ya está en marcha y cuenta con más de 3.000 viviendas identificadas con “indicios de no habitabilidad” tanto de personas físicas como de entidades financieras. El Ejecutivo foral considera que una vivienda no está habitada “cuando no se destine efectivamente al uso residencial durante más de seis meses consecutivos en el curso de un año desde el último día de efectiva habitación”. No entran las segundas residencias (a partir de la tercera vivienda), las viviendas usadas mediante su arrendamiento como temporal ni las ubicadas fuera de la Comunidad Foral. En los casos detectados desde el Servicio de Inspección de Vivienda se ha constatado que no hay consumos. En esos casos el departamento de Vivienda remite una carta al propietario y se le ofrece su incorporación a la bolsa de vivienda de alquiler. Tampoco tienen que estar a la venta o en proceso de rehabilitación. Se estima que unas 600 de las registradas proceden de la banca y la mitad son “inhabitables”. “Este trabajo, más allá de lo que posteriormente puedan hacer los ayuntamientos con las viviendas deshabitadas de sus municipios, nos ha permitido contactar con entidades jurídicas y financieras para tratar de establecer convenios de cesión a la Bolsa de Alquiler de Nasuvinsa, algunos de los cuales serán firmados próximamente y conseguirán dar un nuevo impulso a esta herramienta”, remarcó Aierdi. El registro no obstante es un proceso administrativo largo que para que sea jurídicamente válido debe cumplir una serie de requisitos y periodo de alegaciones.

Asimismo, el consejero destacó ayer que en los últimos cinco años se han activado unas 5.000 viviendas de alquiler con renta “asequible” en Navarra (en concreto más de 4.600). Es decir, las nuevas normativas en materia de vivienda que se aprobaron con el gobierno del cambio (Ley Foral de Vivienda en 2016 y la del Derecho Subjetivo a la Vivienda en 2018, además de otros decretos, ayudas y órdenes forales) han favorecido la salida al mercado de vivienda vacía que se ha incorporado a la bolsa de alquiler de Nasuvinsa (de 475 a 794, con un incremento del 70%). También se han impulsado 500 nuevas viviendas públicas del parque de Nasuvinsa a través del plan Navarra Social Housing, aunque hay planificadas otras tantas para llegar a las más de 1.200 nuevas viviendas de alquiler público. Por otro lado, se han dado ayudas para 2.560 personas beneficiarias del programa para alquiler de jóvenes Emanzipa y otras 1.233 familias se han beneficiado de la ayuda del programa David, en estos casos para vivienda libre. Aierdi afirmó, en respuesta a una interpelación de EH Bildu en el Pleno de Control, que en la legislatura pasada “se pusieron las bases para abordar un cambio de paradigma que con el paso de los años se está materializando en una realidad, un cambio de paradigma que deja de entender la vivienda como un bien de consumo, inversión y en ocasiones especulación, para interpretarlo como un derecho básico de la ciudadanía”.

“Puede resultar insuficiente pero lo importante son las políticas que se ponen en marcha y los resultados que se obtienen”, corroboró. El consejero afirmó que “la política de suelo es fundamental” y añadió que hay PSIS, como el de Echavacoiz, cuyo contenido “no podemos sino denunciar. Es un plan que no se puede ejecutar por dos cuestiones fundamentales: primero, porque hay que resolver el bucle ferroviario, que afecta necesariamente al desarrollo urbanístico, y segundo porque hay que resolver la ubicación de una empresa que condiciona por su actividad el conjunto de ese ámbito”. Agregó que “el plan supondría un agujero absoluto para los contribuyentes navarros por el impacto económico de los compromisos que -los Gobiernos de UPN- negociaron con la empresa, si no llevamos adelante un revisión de ese plan, como hemos planteado claramente”.