“Prefiero usar ese término en mis respuestas”. Soraya Sáenz de Santamaría entró en el juicio del procés dispuesta a imponer el ritmo. Y lo consiguió, por lo menos hasta que intervinieron las defensas. Sonriente y seria a ratos, segura a veces, dubitativa otras, la que fuera mano derecha de Mariano Rajoy aprovechó su testimonio para contrarrestar las tesis independentistas y defender su gestión. Su declaración, como testigo, fue un espaldarazo -el primero en el juicio del procés- al delito de rebelión. La exvicepresidenta intentó apuntalar el relato de la Fiscalía sobre el procés: hubo “violencia” tanto en las protestas por los registros judiciales del 20-S como durante el referéndum.

Sáenz de Santamaría fue la tercera en declarar ayer, como parte de una curiosa mezcla política de testimonios que comenzaron con un Joan Tardá reivindicativo (“este juicio es una venganza”) y un Artur Mas aleccionador, que se enfrentaron a un agresivo fiscal Javier Zaragoza. Los tres fueron citados a petición de Vox, cuyos abogados se estrenaron interrogando. A Soraya, entre otras cosas, por “el artículo de protección constitucional”, es decir, el 155, que ella defendió a capa y espada para “descabezar” al Govern. También por las imágenes que se vieron en la televisión el 20 de septiembre en la Conselleria, tachadas una y otra vez de “violentas” por la testigo, y el 1-O, que no son, dijo, “agradables a la vista”.

A Zaragoza le relató las reuniones que tuvo con Oriol Junqueras en las que nunca trató el referéndum. “¿Lógicamente se negó a hablar de ese tema?”, le preguntó el fiscal. “Lógicamente”. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, pidió entonces moderación a Zaragoza, en la jornada que seguramente motivó más intervenciones del magistrado. Junqueras, impertérrito, miraba a Santamaría sentado detrás de su abogado y no en el banquillo, una posición más discreta que ayer eligieron otros tres acusados, todos de ERC: Raül Romeva, Carme Forcadell y Dolors Bassa.

Pero no fue hasta las preguntas del abogado de Junqueras, de carácter más político que jurídico, cuando Santamaría empezó a lanzar dardos. En su terreno, la veterana del PP pidió al letrado que dejara de usar la expresión “actuaciones policiales” el 1-O, en lo que para ella fueron “actuaciones judiciales o actuaciones policiales bajo mandado judicial”. “Prefiero usar ese término”, sentenció.

Y siguió reprochando que los que no preservan la convivencia en Catalunya no son los gobiernos centrales sino “otras instituciones, especialmente la Generalitat”, y negando que las manifestaciones contra la Policía y Guardia Civil tras el referéndum fueran, como decía el letrado, “escraches”. “Yo sé lo que es vivir un escrache y lo que se vivió en Cataluña no era un escrache, era un acoso violento”.

Fue su momento cumbre. Sonriente, consciente de que el interrogatorio jugaba a su favor, la exvicepresidenta manejaba las pausas a sorbos de agua e incluso hizo uso de esa técnica tan habitual en política de empezar las frases con la misma coletilla. “Un gobierno democrático respeta la libertad de expresión, lo que no puede hacer es incumplir las decisiones judiciales, lo que no puede hacer es generar episodios violentos”, ha dicho elevando su tono, en general inalterable e incluso mecánico.

Pero su tono y su actitud flaquearon en el interrogatorio del abogado de Joaquim Forn, Xavier Melero, que le cuestionó sobre el operativo policial.

Para Melero, el único que saludó a Santamaría cuando, acabado el interrogatorio, esperaba para salir, era una “testigo renuente” porque repetía como una “cláusula de estilo” que mandó a 6.000 policías y guardias civiles a Catalunya cumpliendo un mandato judicial. A Santamaría se le empezó a borrar la sonrisa, titubeó cuando Marchena le ha instado a responder si los envió para apoyar a sustituir a los Mossos. “No le puedo decir...”.

Melero acorraló a la que fuera máxima responsable de los espías españoles, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y a quien le rendía cuentas su director general-secretario de Estado, Félix Sán Roldán. Santamaría aseguró que el servicio de inteligencia español no participó en las indagaciones previas al 1 de octubre. Hace meses, en cambio, el director general del CNI, reconoció: “Podríamos haberlo hecho mejor

El siguiente abogado, Jordi Pina, empezó batallando: “Esto no es un debate político y usted hace de política”. Marchena, una vez más, tuvo que intervenir. “Debates no, ni cruce de reproches”. Pero el debate siguió, y las opiniones también.

“La televisión de usted no tiene nada que ver con la que veo yo”, le dijo Pina después de que ella reconociera que “dos o cuatro” personas fueron heridas el 1-O, entre murmullos del público. Marchena cortó una vez más, tachando preguntas de “manifiestamente improcedentes” y destacando la “generosidad” del tribunal con las preguntas.

Pero fue la abogada de Carme Forcadell la que puso a Santamaría en un mayor aprieto. “No lo sé”, reconoció justo antes de acabar sus dos horas de interrogatorio cuando la letrada, tras afirmar la exvicepresidenta, que no se publica no tiene efectos jurídicos le preguntó por la publicación de la DUI y sus efectos jurídicos. “¡Ja!”, se escuchó entonces entre las últimas filas del público, reservadas a familiares y curiosos, un reproche que volvió a cortar Marchena y puso fin al interrogatorio. - D.N.

La meterdura

de pata de rajoy

Invalidación. Probablemente, Mariano Rajoy era el testigo más esperado del juicio, pero su declaración corre el riesgo de ser invalidada, después de meter la pata al evidenciar que había seguido las testificales de la mañana, cuando declaró la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, con la que no se contradijo en ningún punto. La ley de enjuiciamiento criminal establece que los testigos no pueden tener conocimiento de otras declaraciones hasta la suya. Existe posibilidad de invalidación, aunque es improbable que acabe ocurriendo. El presidente de la sala se vio obligado a intervenir. En una de sus respuestas, Rajoy hizo referencia a “las declaraciones de esta mañana” sobre las diferencias entre el referéndum del 1-O y la consulta del 9-N. Eso provocó la intervención del abogado Jordi Pina para aclarar la situación que le dejó “perplejo”. Le preguntó si se había comunicado con algún testigo o seguido la sesión. “Yo leo los diarios digitales”, respondió.