en una empresa de Cintruénigo

Condenados un asesor y dos empresarios en la Ribera por dar de alta 60 contratos falsos

La Audiencia confirma 24 y 21 meses de prisión y una indemnización de 10.760 €

10.02.2020 | 01:50
Imagen de la plaza del juez Elío con el palacio de Justicia de Pamplona, al fondo.

La Audiencia confirma 24 y 21 meses de prisión y una indemnización de 10.760 €.

PAMPLONa - La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra ha confirmado una condena de 24 meses de prisión a un asesor laboral afincado en Alfaro (La Rioja) por haber dado de alta en la Seguridad Social hasta 60 contratos de una empresa de Cintruénigo que carecía de actividad y que, por tanto, eran falsos y no se correspondían con ninguna actividad real. El asesor, que debe pagar una multa de 2.160 euros, recurrió la condena que le impuso el Juzgado de lo Penal 1 de Pamplona, que ha desestimado sus alegaciones. En la misma sentencia se condenó, de conformidad y no recurrieron, a 21 meses de cárcel a cada uno de los dos empresarios de la Ribera que administraban la mercantil. Los tres deberán indemnizar con 10.760 euros al Servicio de Empleo y no ingresarán en prisión al carecer de antecedentes penales.

La resolución expone que los empresarios se pusieron de acuerdo en septiembre de 2010 para constituir la sociedad "teniendo ambos pleno conocimiento del carácter ficticio de dicha empresa puesto que, a pesar de su apariencia real, no se correspondía con el ejercicio de ninguna actividad empresarial. Utilizaron dicha apariencia para simular frente a las Administraciones Públicas unas relaciones laborales inexistentes, que facilitaban a los supuestos trabajadores el acceso a prestaciones, autorizaciones o permisos de residencia que de otro modo no hubieran obtenido o los obtendrían en peores condiciones".

Al comienzo de la colaboración, en octubre de 2010, los asuntos laborales los tramitó otra asesoría, no la del condenado, pero a la vista de las irregularidades que presentaba, dicha asesoría rescindió a los pocos meses el contrato con los empresarios. Así, en mayo de 2011, se encargó la asesoría laboral de Alfaro, que gestiona el acusado, de llevar tales asuntos. Este ya tramitaba en su despacho hasta ese momento varias sociedades gestionadas por uno de los empresarios condenados y donde ejercía como asesor contable, fiscal y laboral. El asesor era titular de una autorización RED, que le permitía tramitar altas laborales en el Régimen General -sistema especial agrario- que remitía a la Tesorería General de la Seguridad Social. El asesor conocía que la sociedad carecía de actividad, y con su autorización permitió y colaboró para que los empresarios realizaran 60 altas que no se correspondían con la realidad. El administrador de la asesoría recurrió su condena, argumentando que no tenía conocimiento ni sospechaba que los trabajadores no fueran a trabajar efectivamente, y que desconocía que los contratos se utilizaran para obtener prestaciones de manera fraudulenta. Sin embargo, la Audiencia confirma que los indicios expuestos por la jueza de lo Penal son "plurales, acreditados mediante prueba directa y el juicio de inferencia es racional y unívoco. Es decir, el acusado como asesor cooperó de forma necesaria, no necesariamente indispensable para cometer el delito, pero sí en todo caso trascendente, idónea y eficaz para la defraudación, sin cuya intervención en este concreto supuesto no se hubiera cometido el delito".