El consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, presentó ayer el documento que contiene las líneas estratégicas del modelo de Ejecución Penal en Navarra, que busca, entre otros objetivos, que las penas de prisión solo se apliquen en último término, apostándose por medidas alternativas.
Este documento, informó en conferencia de prensa, es la base para gestionar desde la Comunidad Foral la ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria. Se plantea asimismo mejorar la vida en las cárceles, garantizando el cumplimiento de todos los derechos de la población reclusa y todo ello tomando como referente la reinserción de las personas condenadas.
Este modelo es fruto de casi ocho meses de labor del grupo de trabajo multidisciplinar, constituido el 29 de junio del año pasado, y en el que han participado juristas, académicas, profesionales de la abogacía o diferentes entidades sociales que trabajan con la población reclusa.
Sus 130 páginas parten del análisis de la situación actual para establecer un diagnóstico sólido de posibles líneas de mejora y, posteriormente, articular acciones clave dentro de cuatro líneas estratégicas. Se hace, asimismo, un planteamiento sobre la organización administrativa que sería necesaria para la implantación más eficiente del modelo.
El consejero señaló que el modelo por el que se apuesta “integra los servicios que damos a la población reclusa, mejora su atención y encamina todos los procesos hacia el fin último que debe tener cualquier pena privativa de libertad, que no es otro que la reinserción en la sociedad”.
Para Santos, ese modelo “no aparta de la sociedad a las personas a las que se les priva de libertad”, considera a los centros penitenciarios “como parte de esa sociedad” y, al mismo tiempo, no solo busca mejorar la prisión, sino establecer, “siempre en el marco de la ley”, un sistema mejor para gestionar los fenómenos de desviación social asociados a la delincuencia.
