inalmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha admitido a trámite las alegaciones de los jóvenes de Altsasu que reclamaban un pronunciamiento por "falta de imparcialidad, ausencia de un juicio justo y desproporción de las penas" a las que fueron condenados. El tribunal no entra al fondo del asunto ni valora los hechos y el proceso judicial que siguió a los mismos, sino que desestima la causa por cuestiones de forma. Es posible que la demanda presentada en Estrasburgo no se adecuara a a las premisas jurídicas formales que exige este alto tribunal europeo -no es fácil entrar en la maquinaria judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos- , pero en todo caso es un injusto punto final para lo que ha sido una injusticia en todos los momentos del proceso. Una desproporción permanente no exenta de condicionantes políticos que nada tuvo que ver con la aplicación de la justicia. El Estado sustituyó la aplicación de una justicia garantista y democrática a la que tenían derecho los jóvenes acusados por la muy española eso sí, justicia de la venganza y el escarmiento. Sin olvidar la campaña de intoxicación mediática, manipulación política y exageración judicial que acompañó al caso desde el primer momento y que sitúo, no sólo a los ocho jóvenes implicados, sino a toda la localidad de Alsasua y, por derivación a la imagen de toda Navarra, en una situación de indefensión y señalamiento ante el cúmulo de bulos y la distorsión de la realidad de esta tierra en todas sus dimensiones que se fueron sucediendo durante días y meses, incluidas amenazas de sectores ultras contra el alcalde Javier Ollo. Un montaje que aún se sigue reactivando de vez en cuando. Sin que nadie cuestione que los hechos hubieran podido tener unas consecuencias penales, lo cierto es que desde el primer momento el proceso judicial estuvo viciado por una inadecuada aplicación de penas que, junto con la privación del derecho a ser juzgados por el juez natural, la extensión desde el primer momento de la prisión preventiva, la extrema tipificación de los delitos, la obstrucción al derecho de defensa, la falta de pruebas que avalasen desde el inicio el alcance de las acusaciones y la dudosa imparcialidad de los jueces y fiscales implicados. Todos esos puntos cuando menos oscuros debieran haber tenido una respuesta de amparo en alguna de las distintas instancias judiciales tanto del Estado español primero como de la UE después. No ha sido así y el daño causado por la manipulación de los hechos, la desproporción de la prisión y la manipulación política y mediática ya está hecho. Los jóvenes de Alsasua aún siguen cumpliendo sus condenas por unas acusaciones que no se pudo demostrar que coincidieran con los hechos reales porque un montaje policial, mediático, político y judicial les hurtó desde el primer momento de un juicio garantista, la capacidad de defensa, igualdad de oportunidades judiciales y fruto de todo ello también les privó de una sentencia proporcional a los hechos que pudieron protagonizar. Finaliza el recorrido judicial, que la memoria viva de lo sucedido, de lo dicho, de lo escrito, las imágenes y la responsabilidad de cada cual. No sé, supongo que son ellos y sus familias quienes más ganas tienen de pasar página.
