cuesta creerlo. El explosivo cartel -Justizia Jauregia, rezaba- llevaba impunemente colgado dos semanas -como poco- en el nuevo Palacio de Justicia de Tudela. Nadie dio la voz de alarma. Dos semanas -tal vez nos quedemos cortos- ofendiendo la vista de los tudelanos, socavando sus meninges, haciéndoles ver que lo negro es blanco y que Queiles se escribe con k. Dos semanas -quizás alguna más- sin que, incomprensiblemente, nadie en la capital ribera se alzase ante el ultraje. Dos semanas -es probable que hasta una tercera- sin que nadie clamara contra el flagrante atentado, primer escalón, sin duda, de una sórdida conspiración para subvertir el orden establecido y natural de las cosas. Dos semanas -seguro que fueron tres- sin que pasara nada de nada. Menos mal que ahí estaba Roberto para poner las cosas en su sitio. O quitarlas.
La de Tudela constituye la última y chusca anécdota de una política, compartida en sus líneas generales por UPN y PSN, marcada por la obsesión y la paranoia. Una de sus líneas maestras consiste en algo tan visceralmente estúpido como impedir a toda costa que los moradores de casi la mitad del territorio foral puedan tener ningún contacto -ni visual ni auditivo- con la lengua que usa habitualmente otra buena parte de la población Navarra. Hay toda una legislación y una acción de gobierno encaminada a ello. El sinsentido es tal que si entras a Navarra por Endarlatsa o Ziordia hay un cartel que te saluda en castellano, euskera, inglés, francés, italiano y alemán. Si lo haces por Yesa o Cortes te siguen saludando en la mitad de los idiomas de la CEE, pero no en el cooficial de esta Comunidad. Aquí todos son posibles, menos uno. Sólo uno.
En Tudela no sonaron las alarmas. Durante dos semanas -puede que incluso tres- Navarra estuvo en juego, y nosotros tan tranquilos. Los técnicos competentes elaboran ahora un informe para averiguar qué falló en los sistemas de seguridad. Espero con fruición sus resultados.
