Hay que reconocer que la Fiscalía del Estado ha hecho lo que ha podido para afinar hasta el ridículo la tipificación penal del cúmulo de irregularidades que persiguen a Juan Carlos de Borbón y salvarle el culo evitando que tenga que posarlo en el banquillo de los acusados. Una operación política y judicial vergonzante y bochornosa. Nada que no se supiera que iba a ocurrir tal y como ha sucedido. Una vez más, el Estado ha antepuesto la salvaguarda de una estructura de poder, en este caso la Monarquía, a costa de vapulear la credibilidad de una justicia democrática. Lo que no ha podido afinar ya es la realidad de esas irregularidades, ocultamiento de millones de euros en paraísos fiscales, escaqueo de sus obligaciones fiscales y el cobro de comisiones ilegales. La Fiscalía admite los delitos, pero alega que o bien están prescritos o que no pueden ser juzgados porque el anterior Jefe del Estado está protegido por la inviolabilidad, el concepto jurídico que le ha servido de parapeto durante casi cuatro décadas. Otra excepción más que sitúa al Estado español muy lejos de los niveles de responsabilidad política y ética mínimos de las democracias avanzadas. Porque lo que no es aceptable es que la cobertura legal de Juan Carlos de Borbón como Jefe del Estado le sirva también para despojarle de toda responsabilidad cuando sus actos apuntan a delitos personales que nada tienen que ver con sus funciones representativas e institucionales. Es decir, la protección de la inviolabilidad no puede tener validez jurídica para actos como evasión de capitales, fraude fiscal, ocultación de bienes en paraísos fiscales, tarjetas opacas y el resto de cuestiones por las que la Fiscalía le ha exonerado de mala manera ahora de toda responsabilidad. La inviolabilidad del Jefe del Estado debe tener límites y no ser una tapadera para el delito y un argumento con el que justificar décadas de silencios cómplices de políticos, medios y otras estructuras de un estado democrático. Seguro que ahora clamaran con euforia los cortesanos dispuestos a doblar el espinazo las virtudes e injusticia del trato a Juan Carlos de Borbón, pero ni esa juerga protagonizada por quienes quieren seguir recibiendo los favores y prebendas de la mesa real puede ocultar ni tapar la indignidad del comportamiento de quien ha sido Jefe del Estado. Eso ya forma parte inevitable de la historia real de la familia Borbón en el trono de España, una sucesión de fracasos, corrupción y desastres que casi siempre, también en este caso, obligaron a la huida desesperada al exilio. La Fiscalía ha librado a Juan Carlos de Borbón del banquillo judicial, pero esa decisión, hecha pública aprovechando el humo y el ruido de la guerra en Ucrania con la esperanza de que pase lo más desapercibido posible a la opinión pública, solo ahonda en la certeza de que la premisa democrática de la igualdad ante la ley es, en el caso de los altos dirigentes del Estado, responsables políticos y plutarcas financieros, solo un enunciado irreal. Y vuelva antes o después, de vacaciones o de paso, el chiringuito fiscal y la pasta seguirán bajo el paraguas de una dictadura como la Abu Dhabi. Todo bien. "Todos los ciudadanos son iguales ante la ley, pero unos son más iguales que otros": Orwell, Rebelión en la granja.