Defensa de lo público vs colaboración público-privada

18.05.2020 | 00:47

Empieza a ser preocupante la falta de iniciativa de los grupos parlamentarios navarros ante la caída prevista de ingresos, calculada según las últimas estimaciones en 819 millones de euros, como consecuencia de la crisis económica derivada por la pandemia del covid-19, y la unanimidad, con más o menos matices, en la necesidad de que la Comunidad Foral de Navarra recurra a endeudarse para paliar esta circunstancia.

El Gobierno de Navarra no contempla un aumento en los impuestos a las grandes fortunas, lo que podría suponer 80 millones de euros. Ni una regularización en los beneficios fiscales que para este año están presupuestados en 1.512 millones. Ni poner medios para la lucha contra el fraude fiscal, que de acuerdo a un estudio de la UPNA supone una merma en los ingresos de 541 millones. Ni la modificación del artículo 54 del convenio económico entre Navarra y el Estado, que obliga a Navarra a hacerse cargo de toda la deuda pública del Estado, lo que supone el pago de 351 millones. Ni el rechazo a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, lo que le impide emplear para gasto social los 215 millones que el Estado devolvió por haber sido pagados de más en los ejercicios 2015 y 2016. Ni reclamar a la banca privada los 191 millones de deuda ilegítima contraída por los gobiernos de UPN de acuerdo al estudio realizado por el Parlamento Social y avalado por la Cámara de Comptos en diversos informes. Ni reformar la legislación en cuanto a la modificación de los supuestos de derivación de responsabilidad de las empresas deudoras a la Hacienda Foral para hacer más viable su cobro, que de acuerdo a la lista de morosos publicada por el Gobierno de Navarra el pasado año 2019, suponen 302 millones.

Todos estos importes suman una bolsa de 3.192 millones de euros, que con un correcto funcionamiento y coordinación, que mejore la eficacia y eficiencia, tanto en las direcciones de Servicio de la Hacienda Foral, como en las empresas públicas que se dedican a colaborar con esta Hacienda en la lucha contra el fraude fiscal, se podría conseguir al menos la cuarta parte de esa cantidad, lo que supondría contrarrestar el desplome de la recaudación anunciada por el Gobierno de Navarra.

Sin embargo, se sigue optando por el endeudamiento. Continuando con el sistema empleado por los gobiernos de UPN, que solo en intereses pagados de más a la banca privada, producto de la deuda pública emitida por ese partido, han supuesto a la ciudadanía navarra cerca de 200 millones en estos últimos diez años.

Sistema empleado también por el anterior Gobierno de Navarra, que en su última emisión de deuda realizada en el mes de abril del pasado año 2019, en la que se colocaron bonos sostenibles por valor de 50 millones, dirigidos y asesorados por el BBVA, el interés fijado fue del 2,100% a un plazo de 25 años. Contrasta con la emisión de esos mismos bonos sostenibles realizada por Iberdrola, también asesorada por el BBVA, el pasado mes de abril de este año, con un tipo de interés del 0,875%. Lo que supone que el presupuesto navarro va a soportar un sobrecoste de 15,3 millones en intereses por esa operación

Mismo sistema empleado por el actual Gobierno de Navarra, que en la última emisión de deuda de bonos sostenibles realizada el pasado mes de abril por 75 millones de euros, ha fijado un interés del 1,450%, lejos del interés que va a pagar Iberdrola, y en las antípodas del fijado por la CEE en el fondo europeo de rescate (MEDE) establecido en un 0,115%.

Es el precio que tenemos que pagar por tener unos gobiernos asesorados desde hace más de veinte años por técnicos y expertos, que desde las direcciones de Servicio en la Administración y las direcciones de Departamento en las empresas públicas, vienen practicando la máxima de la colaboración público-privada como solución a todos los males.

En los debates que se produjeron la legislatura pasada sobre la oportunidad, o no, de crear una Banca Pública en Navarra, se realizó una excelente jornada, que se puede ver en la web de la CPEN, a la que fueron invitados representantes de los bancos públicos de inversión y desarrollo: Investitionsbank de Berlín, BNG de Holanda y Finlombarda de la región de Lombardía en Italia.

Este último, ante la crisis del covid-19 en la región de Lombardía, ha creado la iniciativa denominada Tournaround Financing, que con un fondo de 25 millones de euros, concede préstamos a las empresas en dificultades de su región con una financiación totalmente gratuita. Al contrario de lo que pasa por aquí, donde la banca privada está concediendo préstamos, garantizados por el Estado, a autónomos en dificultades a un interés del 3%

La idea principal de esas tres entidades financieras públicas era que sus equipos directivos podrían trabajar perfectamente en la Banca Privada. Pero que todos tienen una sensibilidad pública. Todas esas personas saben que están trabajando básicamente con dinero público. Y éste es un concepto del que los mandos directivos deben hacer bandera y hacer ver a las personas por qué están ahí, quién es el cliente, que no es otro que la ciudadanía, y trabajar para ella y no para obtener beneficios sino para construir una sociedad mejor.

Contrasta esta percepción con los órganos directivos que figuran en las empresas públicas o en las comisiones de expertos nombrados para asuntos económicos en esta comunidad, cuyos perfiles siempre están vinculados a la empresa privada y no dudan en sus manifestaciones de hacer gala de ello.

Porque es inútil pedir valentía política cuando las ideas de este Gobierno de Navarra le llevan a estar seguro de que sus actuaciones son las correctas. Al final se trata de hacer una defensa a ultranza de lo público en contraposición con el mantra del sacrosanto beneficio de la colaboración público-privada. No nos engañemos. Se trata de una simple cuestión ideológica.

El autor es miembro de Parlamento Social y consejero de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN)

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