Según aseguraba ayer El País, la investigación del supuesto espionaje a dos dirigentes del PP, Manuel Cobo, exvicealcalde de Madrid; y Alfredo Prada, exconsejero de Justicia, ordenado por el Gobierno de Esperanza Aguirre y pagado con dinero público, habría dado un giro crucial para conocer quiénes fueron los miembros del Ejecutivo autónomo del PP que idearon esa actuación ilegal aprovechando los recursos públicos. José Oreja, uno de los guardias civiles contratado como asesor de seguridad por Aguirre y que según los informes de la policía estuvo haciendo los seguimientos a los dos políticos del PP, confesó ayer a la juez, casi tres años después, que obedecía órdenes del entonces consejero de Interior y hoy senador, Francisco Granados.
