- Virginia Guerra, la responsable del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria del Colegio de Abogados de Pamplona, entiende que el servicio telefónico que se ha activado en el centro penitenciario de Pamplona para que los reclusos puedan seguir realizando consultas legales "es una medida idónea dentro de la situación de excepcionalidad que se ha generado con el decreto de alarma y para equilibrar los derechos de las personas que están en prisión con el problema del contagio y de salud pública". Pero, a su vez, Guerra entiende que el servicio presenta serios déficits que se deberían revertir. "Aunque la llamada tenga poco coste, hay gente en prisión que no tiene ni un céntimo para pagarlas. Por eso, nosotras seguimos exigiendo que ese servicio, como prometió el Ministerio, sea gratuito. No debe tener coste para el preso. Además, si no se habilitan otros espacios y más cabinas o móviles para efectuar las llamadas, hay una gran cantidad de internos que no van a acudir al servicio por razones de privacidad y confidencialidad".
