- La asociación Salhaketa, que defiende los derechos de las personas presas y de sus familiares, entiende que en la actual crisis los centros penitenciarios del país han antepuesto la seguridad a la salud de los reclusos y considera que las medidas que se han adoptado respecto al colectivo en prisión son “medidas totalmente restrictivas de derechos, se han restringido las comunicaciones vis a vis o por cristal por lo que la incomunicación es mucho mayor, y en las prisiones no hay ninguna actividad de las llamadas tratamentales que son las que dotan de contenido a la pena privativa de libertad. No se están llevando a cabo los programas para agresores sexuales. El programa de intercambio de jeriguillas, que lo gestiona una entidad externa, lo realizan ahora las enfermeras del centro penitenciario, y se han dejado de hacer todos los programas, como el de agresores sexuales y los de ayuda psicológica para personas con problemas de salud mental”, expone Libertad Francés, de Salhaketa.
La portavoz y abogada de la asociación recuerda que esta situación se añade a la falta generalizada de médicos en prisión, donde en enero de hecho se denunció que los dos facultativos del centro estaban de baja y no había médico. Francés critica que en la prisión no se hayan abierto más espacios para realizar la orientación jurídico penitenciaria y que además dicho servicio revierta con coste en el usuario preso, que además no puede ingresar dinero en ventanilla en el peculio, sino solo a través de correo o banco.
