Feministas llevan a la Justicia el veto del 8-M en Madrid

- El Movimiento Feminista de Madrid, la Comisión 8-M y los sindicatos UGT y CCOO anunciaron ayer que recurrirán ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la decisión de la Delegación del Gobierno de esta comunidad de prohibir todas las manifestaciones convocadas los próximos 7 y 8 de marzo por el Día de la Mujer.

En una rueda de prensa telemática, las portavoces del Movimiento Feminista aseguraron estar “indignadas y perplejas” con la prohibición acordada por la Delegación “por motivos de salud”, una medida que vulnera su derecho de manifestación y supone un “ataque sin precedentes propio de otros tiempos”, que solo “criminaliza a las mujeres”.

Conscientes de que su recurso “solo va a tener repercusión mediática” y que el TSJM puede que resuelva “después del 8 de marzo”, el Movimiento Feminista de Madrid, una de las organizaciones que ha convocado actos para celebrar el Día de la Mujer, ha querido “dejar constancia” de su desacuerdo e indignación con lo que han calificado de decisión “anticonstitucional”

Sin embargo, UGT y CCOO sí reclaman al tribunal que de manera cautelarísima se suspenda “la ejecución de la resolución impugnada, dado que su aplicación supondría que perdiera la finalidad legítima el recurso en caso de ser estimado”.

“Llevamos trabajando seis meses en este 8-M, hemos pautado al milímetro cada acto, conscientes de la situación pandémica, pero no se puede hacer esa tabla rasa, meter a todos en el mismo saco y reducir a cero los actos de las mujeres”, denunció Ana Sánchez de la Coba.

Más aún, ha recalcado, cuando Madrid es una de las comunidades con medidas sanitarias “más laxas”.

Por su parte, la Comisión 8-M Madrid argumenta que la prohibición “no obedece a ninguna medida sanitaria” y además de anunciar su recurso, han solicitado la dimisión del delegado del Gobierno, José Manuel Franco.

Para el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, la prohibición le parece un “abuso de poder” y un “ataque misógino y discriminatorio”, mientras que el de CCOO, Jaime Cedrún, dijo que el Gobierno tiene competencia para dirimir la legalidad o no de la convocatoria, “pero no para suspenderla”. “Las mujeres son las auténticas heroínas de la pandemia, han estado en primera línea en hospitales o residencias, dedicadas a los cuidados”, añadió UGT.