El exjefe de la UDEF que emparedó 20 millones en su casa denuncia una causa viciada de origen
El inspector investigado por colaborar con una red de narcos sostiene que se han "ocultado pruebas"
El exjefe de la UDEF en Madrid Óscar Sánchez ha cuestionado las bases de la causa que le mantiene en prisión preventiva desde 2024 por ayudar, presuntamente, a un red de narcos que introdujo en España decenas de toneladas de cocaína, al sostener que se han "ocultado pruebas" que mostrarían que está viciada de origen.
Este inspector jefe de la Policía, a quien se le encontraron más de 20 millones de euros ocultos en huecos disimulados en paredes o techos de sus viviendas y lugar de trabajo, está citado el próximo lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge para declarar a petición propia a raíz de esta denuncia sobre el origen de la investigación.
Quiere explicar, según el escrito al que ha tenido acceso EFE, "las circunstancias" en las que se produjo la intervención de 1.605 kilos de cocaína oculta en cajas de piñas huecas en el puerto de Algeciras en mayo de 2021, que supuso la génesis de una causa que acumula decenas de investigados, varias comisiones rogatorias y alguna orden internacional de detención.
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El ex inspector jefe de Delitos Económicos de la Brigada de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid sostiene que los investigadores han ocultado que la información que les llevó a incautar ese cargamento "provenía de un modo de investigación que implica la limitación de derechos fundamentales".
Afirma que no recibieron una comunicación de la Policía colombiana, sino que "la información por la que se identificó el contenedor fue obtenida por el análisis conjunto de las autoridades policiales españolas y norteamericanas de comunicaciones electrónicas realizadas entre personas que usaban la plataforma ANOM y que había sido hackeada (de hecho, creada y distribuida) por agencias policiales de Estados Unidos".
"La realidad" -enfatiza- es que los investigadores escucharon "un mensaje de voz en el que se mencionaba la numeración parcial de un contenedor" y después un funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera les dio la "información completa" del contenedor.
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"Para ocultar el verdadero origen de la información que no querían desvelar por los motivos que fuere fingieron haber recibido una comunicación de una agencia extranjera", apunta.
Es decir, señala que "la identificación del contenedor, el hallazgo de la sustancia y la entrega controlada fue motivada por una información que no respondía a la realidad y que en todo momento ha sido ocultada".
El mayor alijo intervenido hasta la fecha
Dicha intervención -subraya- fue "crucial" para iniciar otras investigaciones que han derivado en la presunta implicación de Óscar Sánchez en una red que, tres años después de esa incautación, en octubre de 2024, intentó introducir 13 toneladas de cocaína. Fue el mayor alijo intervenido hasta la fecha en la historia del narcotráfico en España.
Además de su declaración, la defensa del inspector también propone otras diligencias.
Una de ellas -aceptada por el juez- es la declaración del entonces jefe de la Sección IV de la Brigada Central de Estupefacientes, que solicitó a la Fiscalía Antidroga de Andalucía "la entrega controlada" del citado contenedor en 2021 tras recibir aviso de la Policía colombiana.
Óscar Sánchez también cuestiona en su escrito pormenores de otras investigaciones anteriores, como una dirigida por un juzgado de Algeciras que acabó inhibiéndose a la Audiencia Nacional o unas diligencias de la Fiscalía Antidroga sobre los mismos sospechosos.
Por eso ha pedido al juez conocer si los hechos investigados en esta causa ya habían protagonizado otro procedimiento o si se han aportado las mismas evidencias del sistema de comunicaciones encriptado Sky de los imputados en otras diligencias.
Este inspector está considerado una de las piezas claves de una investigación en la que ya están procesados Ignacio Torán, presunto líder de la red, y Alejandro Salgado, el Tigre, presunto miembro de la organización sobre el que pesa una orden de detención, y al que se situó en Dubái (Emiratos Árabes), ciudad en la que se estima que Torán posee un patrimonio inmobiliario de más de 20 millones de euros.
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