La decisión, anunciada esta semana, del Gobierno central de entrar en el accionariado de Telefónica con el 10% de los títulos de una empresa “estratégica”, ha devuelto a primer plano a la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales). Este organismo articulará el proceso por el cual el Estado volverá a convertirse en el accionista de referencia de una empresa con una capitalización de más de 21.000 millones de euros. Una manera, según ha explicado el Gobierno, de proteger a una empresa de “esencial importancia para los intereses nacionales”, pero que algunos expertos critican por considerar que es una forma de “intervencionismo público” en la economía que puede crear distorsiones en el mercado y agrandar el déficit público.
En cualquier caso, la inversión de alrededor de 2.000 millones de euros que va a ejecutar la SEPI se trata del gran movimiento que lleva a cabo el Gobierno central tres meses y medio después de que la operadora estatal de telecomunicaciones de Arabia Saudí (STC), controlada a través del gigantesco fondo soberano PIF, irrumpiese de manera inesperada en el accionariado de Telefónica adquiriendo un 9,9% del capital, lo que la convertía automáticamente en la voz preponderante del consejo de administración de la multinacional española. La entrada del reino autocrático saudí levantó inquietud por la vinculación de Telefónica a sectores de defensa y seguridad, pero, más allá de eso, está también el discurso que lanzó en el pleno de investidura de Pedro Sánchez su socia de Gobierno Yolanda Díaz, que señaló en esa jornada que se debía desplegar una nueva política industrial “definida” y hacer que la SEPI pasase a “liderar” el Ministerio de Industria, en lugar de depender del de Hacienda, como ocurre actualmente. Detrás de este deseo subyace también uno más de los desencuentros entre Díaz y la titular del Ministerio, María Jesús Montero. Discrepancias que no han sido tan manifiestas como las que la vicepresidenta segunda mantiene con la todavía ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, pero que también se han producido en asuntos como los precios del alquiler, el impuesto a las eléctricas o la reforma de la Inspección de Trabajo.
La falta de una visión estratégica a largo plazo para el sector industrial ha sido unas de las críticas que se le han formulado a Pedro Sánchez en la primera legislatura. La Alianza para la Competitividad Industrial, que agrupa a las grandes asociaciones empresariales en apartados como el automóvil, la química, la energía, la alimentación o la siderurgia, ha reclamado a lo largo de este año un mayor papel del sector en las políticas económicas.
De momento, la entrada de la SEPI en el accionariado de Telefónica restituye a este organismo parte del protagonismo que tuvo en otras épocas. Creada en 1995, su antecedente histórico es el Instituto Nacional de Industria (INI), cuya historia marcó la evolución del sector público empresarial durante más de 50 años y que en Euskadi está indisolublemente unido a la durísima reconversión industrial de la década de los 80, que propició el cierre de la gran industria siderúrgica y de astilleros. En el año 2006, la SEPI autorizó la venta del astillero La Naval de Sestao, que ya estaba en manos de la sociedad pública española Izar, al consorcio vasco Construcciones Navales del Norte con el compromiso de mantener los 340 puestos de trabajo. En 2019, los trabajadores de La Naval fueron asumidos por la empresa estatal Navantia tras la quiebra del astillero vizcaino, con la paradoja entonces de presentar pérdidas pese a tener garantizada carga de trabajo y pedidos. La mayoría de los 150 trabajadores de la fábrica de Sestao que tenían derecho a ser recolocados en astilleros en manos de la SEPI optaron por pedir su traslado a la factoría de Ferrol.
Una inversión que supone casi el 40% de su cifra anual de negocio
Si se analiza el balance estadístico de la SEPI en el último ejercicio se advierte el gigantesco esfuerzo financiero que va a tener que realizar para ejecutar la compra del 10% de las acciones de Telefónica por cerca de 2.000 millones.
En concreto, su cifra de negocio en 2022 fue de 5.157 millones de euros, lo que indica que el impulso inversor en Telefónica rondará el 40% de esa cifra. Ante esta tesitura, algunas voces ya han expresado sus reservas sobre la viabilidad de un desembolso así sin tener que asumir contrapartidas en otras empresas participadas por el conglomerado estatal.
Según el último balance de cuentas, correspondiente al año pasado, la SEPI contó ese año con una cartera de pedidos de 10.609 millones de euros, al tiempo que dispone de un patrimonio de 2.126 millones y ejecutó unas inversiones por valor de 213 millones, otro dato que prueba el alcance al que se va a ver obligada la Sociedad en su operación de compra de títulos de Telefónica. Correos, Navantia, Tragsa y Enusa representaron, en su conjunto, el 94% de la cifra de negocio de la SEPI el pasado año.
La entrada del Estado en Telefónica es, de todas maneras, un movimiento similar al que han realizado otros países. “La entrada en el capital de la compañía va en línea con los países de nuestro entorno. Alemania ostenta un 13,8% del capital de Deutsche Telekom; Francia, dispone de un 13,4% en Orange; o Italia, que ha adoptado en agosto de 2023 un acuerdo para incrementar hasta el 20% su participación en la compañía que agrupa los activos de telefonía fija de Telecom Italia”, recordó el Gobierno en un comunicado tras el Consejo de Ministros para justificar su decisión.
Las telecomunicaciones informáticas se han convertido en materia estratégica para los Estados. Es uno de los campos en los que Europa trata de blindarse de inversiones en el continente de empresas de países cuyos intereses geopolíticos resultan cuando menos inciertos para la UE, como es el caso de China. También reino Unido y Estados Unidos están dando pasos para impedir quePekín acceda, a través de sus compañías, a información que comprometa su seguridad. –
Según la información que consta en la página web del Ministerio de Hacienda, el grupo SEPI está compuesto actualmente por 15 empresas participadas mayoritariamente y de forma directa, con cerca de 74.000 profesionales. Además, tiene una fundación, así como participación directa minoritaria en otras nueve compañías e indirecta en más de 100. “Su misión es rentabilizar las participaciones empresariales y orientar todas sus actuaciones atendiendo al interés público”, destaca el texto oficial, que señala también que esa tarea se desarrollará “aplicando criterios de gestión empresarial y ejecutando las directrices del Gobierno en materia de modernización y reestructuración empresarial”. Basta un repaso para comprobar el extenso radio sectorial de las empresas en las que participa la SEPI: Enagás, RTVE, Alestis Aeroespace, Airbus, Hispasat, Navantia, Correos, Redeia (antigua Red Eléctrica Española), Tragsa, IAG (grupo de aerolíneas donde está Iberia), Mercasa y Hunosa, entre otras. Pero su gran contribución está en Indra, una multinacional con intereses sensibles para el Estado y que desarrolla su actividad en ámbitos como la aviación, la defensa, las comunicaciones, la energía y la seguridad informática. La SEPI controla casi el 20% del accionariado de esta empresa, que tuvo ingresos por casi 4.000 millones en 2022.
