El Gobierno de Hungría ha confirmado que no promoverá el arresto del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en caso de que visitase territorio húngaro, alegando que si acatase la orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI) estaría incumpliendo la Constitución.
Hungría firmó en 1999 el Estatuto de Roma, piedra angular del TPI, y presentó en 2001 los documentos que acreditaban la ratificación de dicho texto, durante el primer mandato del ultraconservador Viktor Orbán como primer ministro, tal como consta en la web del citado tribunal.
Tribunal Penal Internacional
Sin embargo, el portavoz del Ejecutivo, Gergely Gulyas, ha alegado este jueves en rueda de prensa que dicho instrumento no forma parte en realidad del ordenamiento jurídico húngaro y ha dejado claro la primacía de este último en caso de una hipotética visita de Putin, según el diario 'Magyar Nemzet'.
En este sentido, ha explicado a preguntas de la prensa que Hungría no ha promulgado como tal el Estatuto de Roma y que, si detuviesen al presidente Putin, las fuerzas de seguridad estarían incumpliendo la Constitución húngara. Además, al margen de consideraciones legales, Budapest no oculta que considera que la orden de arresto contribuye a avivar las tensiones en el actual contexto.
Orden de arresto
Tras esta comparecencia, fuentes del TPI han recordado en declaraciones a Europa Press que "los Estados parte tienen la obligación de cooperar con el tribunal en el marco del apartado nueve del Estatuto de Roma", sin entrar a valorar directamente las palabras de Gulyas.
La corte ya apelaba en la orden de arresto a Putin, sospechoso de crímenes de guerra por la deportación de niños ucranianos, a la colaboración de los Estados miembro e incluso de países que no hubiesen suscrito el Estatuto para lograr la detención del presidente de Rusia.
El TPI, que no tiene potestad para juzgar a ningún sospechoso 'in absentia', depende de que autoridades nacionales acaten y ejecuten las órdenes de arresto que efectúa, por lo que Putin puede evitar cualquier riesgo moviéndose por países aliados, especialmente si éstos no están dentro de la órbita del tribunal.
Apertura de una oficina en Ucrania
El fiscal general de Ucrania, Andrei Kostin, y el secretario del Tribunal Penal Internacional (TPI), Peter Lewis, han firmado este jueves un acuerdo para que la corte abra una oficina de representación en suelo ucraniano.
Kostin ha expresado durante una visita a la ciudad de La Haya que se trata de un "honor" contribuir al "inicio de un nuevo capítulo de cooperación" entre Ucrania y la corte, según ha indicado en un mensaje difundido a través de su cuenta de Telegram.
Así, ha calificado esta firma como un "paso adelante para garantizar que se lleva ante la justicia a aquellos responsables de cometer crímenes a nivel internacional". "Esto es solo el comienzo, pero un comienzo fuerte. Estoy convencido de que no pararemos hasta lograr que los responsables de cometer crímenes de guerra en Ucrania sean juzgados", ha aseverado antes de puntualizar que esto incluye a líderes políticos del "régimen criminal de Rusia".
En este sentido, ha agradecido su trabajo al final general del TPI, Karim Khan, por su "postura irrefrenable a favor de la justicia". "Esperamos poder avanzar en la investigación de crímenes de guerra rusos en Ucrania y creo firmemente que estos esfuerzos contribuirán a la construcción de un mundo más justo", ha dicho.
No obstante, ni Rusia ni otros países, como Arabia Saudí, Azerbaiyán, China, Irán, Bielorrusia, India, Indonesia, Egipto o Estados Unidos, entre otros, reconocen la jurisdicción del TPI.
