Una representación de decenas de cargos electos locales de los municipios de Navarra, Álava y Gipuzkoa afectados por la conexión ferroviaria del TAV entre Pamplona y la Y Vasca, 208 en total, registraron ayer en el Gobierno de Navarra y en el Parlamento foral así como en la Delegación del Gobierno central, una declaración institucional en defensa del ferrocarril, el territorio y la voluntad popular. Cuenta con el respaldo de 22 alcaldías, el 73% del total de los municipios afectados y 146 concejales, el 65% del total, además de 40 concejos.

En el caso de Sakana, el porcentaje de alcaldes y alcaldesas asciende al 93%. Son: Arakil, Irurtzun, Irañeta, Uharte Arakil, Arruazu, Lakuntza, Arbizu, Etxarri, Ergoiena, Bakaiku, Iturmendi, Urdiain, Olazti y Ziordia. En cuanto a Navarra son el 88% de las alcaldías, 79% de ediles y 89% de los concejos afectados. 

“Una vez más queda patente la apuesta de la gran mayoría de las entidades locales por reforzar el transporte ferroviario por las líneas actuales descartando la construcción de una nueva plataforma TAV”, destacaron los cargos electos.

Declaración institucional

“En el contexto del cambio climático, las medidas de reducción de emisiones y el avance tecnológico, la movilidad está viviendo un cambio de paradigma. Por ello, es el momento de que desde las zonas rurales plateemos estrategias de movilidad que respondan a las necesidades de las personas y sectores productivos de dichos territorios. El tren es uno de los elementos clave de este nuevo escenario de la movilidad de personas y mercancías”, se dice en la declaración. Asimismo, se pone el foco en que la alta velocidad “favorece la despoblación y aislamiento de las zonas rurales” y que con el desarrollo de estas líneas “se produce el deterioro de la red convencional”.

También se habla de las afecciones en el medio ambiente. “Estas zonas verían gravemente afectada su orografía y territorio, teniendo en cuenta que las faldas de los parques naturales Urbasa-Andia, Aizkorri-Aratz, Entzia y Aralar sufrirían un gran impacto medioambiental”. Por otro lado, se pone en valor la infraestructura existente, “con un gran potencial pero que requiere de inversiones para que responda a los retos y necesidades del siglo XXI”.

Así, se solicita un debate abierto a todos los agentes socioecómicos de Sakana, Iza-Olza, Lautada y Goierri “que responda a diferentes necesidades como un servicio de movilidad para las personas y un servicio de transporte de mercancías adoptado a las necesidades de los sectores productivos”. Asimismo, se muestra el apoyo al proyecto de alternativa de mejora de las infraestructuras actuales y se exige el respeto a la voluntad popular. 

Esta declaración se produce después de que la mayoría de los ayuntamientos han aprobado mociones en contra de los sondeos planteados y en medio de una campaña puesta en marcha por las plataformas de los tres territorios a favor del Tren Público y Social que finalizará el 20 de abril con una manifestación en Altsasu.