En el último informe que yo haya visto de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), informe referido al ejercicio de 2019, se señalaba que solo hay tres comunidades autónomas en España que aportan al fondo común: Madrid, Cataluña y Baleares. El resto, reciben. Como ingresan vía impuestos menos de lo que hipotéticamente necesitan para cuadrar sus cuentas, las comunidades que ingresan más hacen un trasvase al Estado y de ahí va a las que menos. Navarra y País Vasco, al estar fuera del régimen general, ni reciben ni aportan, aunque aportan vía sus respectivos convenio y concierto una aportación a los fondos de compensación interterritorial. Pues bien. En 2019, Andalucía, que acaba de anunciar que elimina el Impuesto del Patrimonio –por el que se estima que hubiese obtenido unos 100 millones de euros– es la comunidad de todo España que más dinero recibe del resto de comunidades: 5.246 millones de euros, el 31% de sus ingresos impositivos. Si Andalucía no tuviese ahí a Madrid, Cataluña y Baleares insuflando dinero, esos más de 5.000 millones anuales ni los olería, con lo cual tendría que buscar otras herramientas para poder alcanzar los ingresos necesarios para ofrecer los servicios que pretende ofrecer a sus ciudadanos. Hablando en plata: Andalucía es una comunidad deficitaria. Y que, además, sigue pidiendo cambios en los sistemas de financiación y compensación para recibir más de esta y otras vías, como el Fondo de Suficiencia Global u otros. En este contexto, el gobierno de la derecha decide eliminar impuestos al 0,2% más rico con el pretexto de que si no se van y a su vez anuncia una rebaja fiscal –las rebajas fiscales de la derecha inexorablemente siempre benefician más a las rentas altas–. A mí todo esto me parecería lícito –abusivo, pero lícito– si luego no pides un clavo. O si estás fuera del sistema. Esto es jugar con las cartas marcadas.
