La huelga está de moda. Ahora la de médicos, con sus reivindicaciones justas y sus aspiraciones injustas, pero desde hace ya varios meses tenemos en huelga a cientos de trabajadores y trabajadoras del sector de las instalaciones deportivas. Con este tema seré claro: a tope con los huelguistas. A tope por la sencilla razón de que el 99% de ellos y ellas están en escalafones salariales bajos y cubriendo las plazas que los distintos ayuntamientos propietarios de las instalaciones no quieren cubrir con funcionarios. Al final la ecuación se entiende, pero se rompe siempre por el lado más débil: los ayuntamientos tienen unas instalaciones, tienen unas demandas y ofertas de actividades y como les sale mucho más sencillo a todos los niveles que la masa de trabajo que cubra eso venga de subcontratas –empresas del sector– que sacando a concurso plazas de funcionariado eso es lo que hacen. Lo hacen, además, normalmente al mejor postor, que ajusta sus ofertas económicas lo más que puede, un ajuste que suele recaer en las espaldas de trabajadores y trabajadoras, que además en algunos casos conviven en sectores de con funcionarios con condiciones totalmente distintas. El resultado es que los ayuntamientos ahorran dinero y esfuerzo para ofertar lo que quieren ofertar y lo hacen gracias a estas empresas intermediarias y en último término a las plantillas de esas empresas, siempre en el filo de las malas condiciones, el peor convenio, el convenio no renovado o el IPC si eso ya veremos. Es una auténtica desvergüenza que los ayuntamientos, del color que sea, no solo permitan, sino que sean los que de partida marquen las reglas del juego para que las actividades que se llevan a cabo en sus instalaciones las tengan que impartir personas en condiciones laborales tan minusvaloradas. Urgen leyes forales que regulen bien y con más decencia lo qué se puede y no hacer en estos campos.
