Pocos profesionales despiertan más simpatías que los del sector primario. La ciudadanía tiene especial sensibilidad hacia agricultores y ganaderos. Una cercanía que obedece a múltiples razones. No en vano, nuestro principal sustento alimenticio depende de su trabajo y son ellos quienes impiden que el desequilibrio territorial sea todavía mayor en una sociedad mayoritariamente urbanita que ha convertido la despoblación en un gran problema.
Desde este punto de partida, a nadie ha extrañado que las tractoradas de esta semana hayan sido saludadas desde las aceras con numerosos gestos de complicidad y apoyo. Casi todo el mundo conoce que la diferencia entre lo que cobran los productores por sus alimentos a lo que paga el consumidor es abismal. Nos encontramos, por lo tanto, ante una injusta cadena de comercialización en la que hay eslabones –es difícil no señalar a las grandes distribuidoras– que en este negocio salen claramente beneficiados.
También sabemos que los conflictos históricamente enquistados no se suelen solucionar solo con buenas palabras. Hay que liarla para que te escuchen. En este aspecto los agricultores han superado el examen con nota. Pese a no contar con el respaldo de las organizaciones agrarias, cuyos principales responsables salen de este envite más que tocados, la movilización ha tenido un seguimiento que ha sorprendido incluso a sus propios impulsores. Y la protesta ha dado resultados productivos. Seguramente no es para tirar cohetes, entre otras razones porque la profundidad de los problemas que tiene el sector van mucho más allá del ámbito competencial de Navarra, pero al menos han conseguido sentar al Gobierno en una mesa de negociación y arrancarle el compromiso de aliviarles la presión fiscal.
Todo ello después de una semana en la que los tractoristas han campado a sus anchas por buena parte de las carreteras navarras hasta llegar al centro de Pamplona, donde incluso se les ha permitido pernoctar en el corazón de la ciudad, después de haber conseguido colapsar la ciudad y haber condicionado la movilidad de miles de personas.
Cuando los derechos de unos –en este caso la reivindicación del sector agrario– son a costa de lesionar los de otros, es obvio que algo no se ha hecho bien. A la vista de que el problema no se ha solucionado y podría dar lugar a otras protestas de este tipo, no estaría de más que se tengan en cuenta los daños colaterales si el sector quiere seguir gozando del aprecio que tiene en la actualidad.
